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A lo largo de las últimas décadas, Colombia ha gozado de una estabilidad macroeconómica destacable dentro y fuera de la región. Al mismo tiempo, el crecimiento económico ha permitido avanzar en materia de equidad social.
La esperanza de vida al nacer, indicador que sintetiza el avance de una sociedad, subió según el Dane de 68 años en promedio entre 1985 y 1990 a 76,2 entre 2015 y 2020. La tasa de mortalidad infantil, en el mismo período, bajó de 43,2 a 15,1 por 1.000 nacidos vivos. La población en situación de pobreza pasó de representar 45,7% del total en 1991 a 26,9% en 2017. Los años de escolaridad que, en promedio, cursa un ciudadano pasaron de 6,1 en 1990 a 8,6 en 2017. La clase media es, hoy, el segmento mayoritario de nuestra población. Para el Gobierno del presidente Iván Duque lo fundamental es consolidar estas grandes tendencias hacia la equidad. Ello implica diseñar y ejecutar políticas públicas que permitan superar los obstáculos que dichas tendencias enfrentan.
Un primer obstáculo es la ilegalidad. No se trata solamente del daño y el sufrimiento que originan el crimen organizado y el terrorismo. Sino también de la inseguridad que padece la población, de la crueldad con la que nos azota la corrupción y de lo lejana que los ciudadanos sentimos la justicia. Un segundo obstáculo es la insuficiencia del emprendimiento y del crecimiento económico. Los estudios sobre el tema son unánimes en mostrar una realidad preocupante: la tasa de crecimiento de largo plazo cayó de 4,8% en 2012 a 3,5% en 2018. De no lograr revertir el deterioro, dejaríamos de generar el equivalente a $700 billones -unos $15 millones por persona- a largo de los próximos 10 años. Con el fin de revertir este costoso revés, recuperar la senda del crecimiento y fortalecer la tendencia del avance social y la equidad, el Gobierno ha implementado una ambiciosa estrategia económica, cuyos primeros componentes se han desarrollado en estos primeros seis meses. Primero, modificó el proyecto de presupuesto nacional que recibió, aumentando el gasto de inversión, sin afectar el monto total apropiado. Segundo, presentó al Congreso una iniciativa en materia de financiamiento, correspondiente a esa afectación.
Dicha propuesta estuvo anclada en dos áreas fundamentales: una reducción muy importante de la elevada tasa efectiva de tributación empresarial, que afectaba adversamente el emprendimiento en Colombia, y la creación de un régimen simple, que convide a la formalidad a muchas pequeñas empresas hoy informales. Tercero, presentó al Congreso el presupuesto bianual en materia de regalías más cuantioso de la historia, incluyendo una asignación específica para infraestructura educativa. Al finalizar el año, todas estas iniciativas habían hecho curso exitoso en el Congreso, y pese a una economía relativamente débil, se cumplieron a cabalidad las metas en materia fiscal. La implementación de esta estrategia conllevó operaciones internas y externas de crédito público. Internamente se realizó un canje de bonos amortizables en 2019 por bonos de más duración.
Externamente, se colocaron bonos por US$2.000 millones, en dos emisiones muy exitosas. Esto sumado al favorable comportamiento de las tasas de interés, confirma que los mercados nacionales e internacionales asignan credibilidad a la estrategia fiscal basada en el estricto cumplimiento de la Regla Fiscal.
