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El estudio incluyó el análisis a 407 cuentas de redes sociales de gobernantes y entidades públicas subnacionales de 61 ciudades latinoamericanas. Uno de los resultados más sobresalientes está en que se ha institucionalizado el uso de las redes sociales dentro de la administración pública y que ya se cuenta con estructuras formales para manejarlas.
El 97% de las entidades tienen una cuenta oficial en Facebook; 90,2% en YouTube y 85,4% tienen algún perfil oficial en Twitter. Para Pablo Valenti, especialista del BID, las redes sociales se han convertido en herramienta clave para acercar a la ciudadanía con sus políticos. “Cada vez más gobernantes promueven una participación activa de sus administraciones en redes sociales. Están encontrando relevancia en lo que los ciudadanos tienen para decir en la construcción de nuevas formas de gobernar”, dijo Valenti.
Los temas que más trataron los gobernantes en Twitter fueron sobre cultura, seguridad y violencia. 84% de las menciones sobre violencia y seguridad provinieron de Venezuela, México, Colombia y Brasil.
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La enmienda y el proyecto de resolución requieren cada uno al menos nueve votos a favor y ningún veto de Rusia, China, Estados Unidos, Reino Unido o Francia para ser aprobados