La ley contra la producción, consumo y trabajo nacional

La construcción de una narrativa de crisis por parte de las actuales autoridades económicas de Colombia ha venido acompañada de medidas en los primeros cien días que en efecto llevarán al país a una desaceleración con impactos negativos en el mediano plazo en materia productiva y social.

No se puede desconocer que existían -y persisten- retos complejos en materia fiscal. En Reino Unido ha habido cuatro primeros ministros desde 2022, entre otras por razones económicas en cuanto al costo de vida, el bajo crecimiento, incrementos de impuestos y altas tasas de interés. En Estados Unidos entre el 82% de los republicanos y el 88% de los demócratas (Pew Research Center) pusieron como eje principal de la reciente contienda electoral a la economía, afectada por alza del costo de vida, crecimiento lento afectado por decisiones arancelarias y mercado laboral con poca expansión.

En el caso colombiano, frente a un escenario global adverso de incremento de tasas de interés, el gobierno nacional tomó la decisión de decretar el Presupuesto General de la Nación para 2027 más alto en la historia. El problema en sí mismo no es el monto, sino su composición, en que dos de cada tres nuevos pesos del presupuesto van a pagar la deuda y reduce las proyecciones de ingresos provenientes de impuesto de renta.

Pocos días después el gobierno contrató nueva deuda por unos $16 billones y unos días más tarde presentó un proyecto de ley para ajustar el gasto público en 4,73 % del PIB. ¿Si la idea era recortar el gasto, por qué presentó un presupuesto inflado con más deuda? No es una equivocación, sino una estrategia para que la narrativa justifique un supuesto rescate ¿de qué? de 3,9 millones de personas que salieron de la pobreza y hoy consumen más, lo que mortifica a Fedesarrollo y sus aliados: no pueden ver a un pobre acomodado.

Entonces proponen una reducción del gasto público que es tan solo una quinta parte del ajuste, pero que sirve para ocultar los verdaderos intereses. El resto del proyecto de ley es realmente nuevos impuestos. El 92% son nuevos ingresos de impuestos que se trasladarán a consumidores y productores nacionales por la vía del IVA y de eliminar exentos de IVA que incrementará los costos de producción que se trasladarán al consumidor, como carne de res, pollitos de un día, queso, café, chocolate, azúcar, pastas, harinas de trigo, alimentos concentrados para animales, carros, motos, etanol, Acpm, etc. Básicamente suben los precios al desayuno, almuerzo y transporte de los hogares pobres y clase media, bajo el espejismo de devolverlos en 2028.

También trae más impuestos a la renta de los trabajadores que ganan desde 5 millones mensuales y menos impuestos a las multinacionales extranjeras y estabilidad tributaria por 16 años (una copia del Rigi en Argentina que ha quebrado 30.000 empresas). Los mismos cálculos del ministerio de Hacienda presentan que el crecimiento económico se desacelerará 40 puntos básicos en 2028 como resultado de esta reforma tributaria. Si se cumple este escenario ¿alguien cree que van a devolver el IVA?

El proyecto de ley no es para reducir el gasto público (se reducen 17 billones), es falso, es para reducir el gasto de los hogares (se incrementan 60 billones en impuestos). No obstante, es importante mencionar que en el camino la idea central sí es desmantelar el Estado, lo que tiene feliz a Mauricio Cárdenas, el ‘nunca’, quien no pudo, mientras fue cinco veces ministro, privatizar ISA y Ecopetrol.

Es hacer creer que el gasto público es parte del sistema económico y social del país que debe ser erradicado. Pero, la realidad demuestra que un Estado débil es un escenario deseado por segmentos empresariales particulares que viven de negocios privados con recursos públicos (la captura de rentas del Estado como salud, vivienda, energía), a los intermediarios financieros y especuladores en general, que no están vinculados directamente con actividades productivas. En este sentido, genera preocupación que la meta de recorte de entidades, empleos y contratos haya sido definida antes de que se presenten los estudios técnicos que cada entidad debe realizar para justificar su liquidación o despido de trabajadores, como lo exige el artículo 46 de la Ley 909 de 2004.

Del afán de la aprobación de este proyecto de ley solo quedará el cansancio de los consumidores, trabajadores y MiPymes, con la falsa premisa de que la responsabilidad fiscal -que todos anhelamos- proviene de desconocer la función del Estado con su sociedad y su poder de transformar la economía en una más productiva.