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¿Algún candidato presidencial en Colombia defiende el modelo económico de Javier Milei, que tiene a Argentina en una compleja situación social, con 8,5 millones de argentinos en la pobreza y una tasa de 28%, según el Indec?
Parte de la explicación está en el deterioro de la producción industrial del país, que ha caído 8% durante el gobierno de Milei, arrojando a la calle a cerca de 100.000 trabajadores de alto valor. A esto se suma el cierre de unas 24.000 empresas durante su periodo, como resultado de las altas tasas de interés y la obsesión por mantener un superávit fiscal primario a costa de quebrar empresas y hogares. Como si fuera poco, el presidente Milei, según The Economist, ha sido mencionado en el caso de la pérdida de US$250 millones en criptomonedas, conocido como el caso $Libra.
Parece que la derecha libertaria y anarcocapitalista sabe muy bien cómo reducir el rol del Estado, aun cuando ello implique la destrucción de la economía y del ingreso de la población. Según el Centro de Economía Política Argentina (Cepa), la evolución de las ventas en supermercados ha caído 6,9% en la provincia de Córdoba desde la llegada de Milei; 26% en Entre Ríos; 37,7% en Formosa; 9,3% en La Pampa; 23,7% en Salta, y 27,9% en Santiago del Estero. Parece que ahora la tarea para Colombia es no volverse Argentina.
En contraste, la nueva economía en proceso de construcción del gobierno de Gustavo Petro ha significado el crecimiento de 2% del PIB manufacturero entre 2024 y 2025; la creación de unos 142.000 empleos en la industria en el último año; US$24.000 millones adicionales de exportaciones no mineroenergéticas frente al gobierno anterior, y más de 70.000 nuevas empresas activas desde el inicio de esta administración. Además, se ha registrado un incremento del consumo de los hogares cercano a 6% y la salida de más de 2 millones de personas de la pobreza monetaria.
No es cierto que la derecha, aquí o allá, sea amiga del empresariado per se, al menos no del productivo. Lo prueban más de treinta años de desindustrialización, diseñados y cohonestados por élites políticas y económicas que hoy anhelan regresar, mientras extraían riqueza del país a punta de negocios particulares. Por eso no tienen propuestas concretas para el empresariado que ellas mismas debilitaron.
Lo más sensato para Colombia es que, partiendo de la política nacional de reindustrialización, se siga avanzando en la consolidación de una política robusta para la agroindustria y las manufacturas, que transforme productivamente al país desde los territorios, encadene a todos los segmentos empresariales, genere empleos de alta calidad y diseñe cadenas regionales de valor. El proyecto político que puede hacer esto posible sería un segundo gobierno progresista, esta vez con Iván Cepeda como presidente, quien -como ha dicho- busca un capitalismo productivo.
La transición hacia otras modalidades de crédito no depende únicamente de voluntad regulatoria. Depende, sobre todo, de resolver un problema más profundo: la ingeniería del producto crediticio
En 2018 había llegado su momento. Era el hombre indicado en el momento indicado. Mejor hubiera sido Vargas Lleras. Él estuvo en ese momento a la altura de las circunstancias, pero su país, quizás, no