Sector salud pidió revisar la UPC y poner en acción plan de estabilización del sistema

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Ante la grave crisis que enfrenta el sistema de salud y ad portas del inicio de un nuevo Gobierno, más de 30 organizaciones, incluyendo aseguradoras, médicos, pacientes, industria farmacéutica, academia y prestadores, presentaron 'Consensos para el futuro del sector salud', un documento con 14 puntos y una agenda estratégica de seis bloques para enfrentar los problemas actuales en atención al usuario, entrega de medicamentos, pago de salario a personal del sistema y de sostenibilidad financiera de las EPS y demás entidades.

Uno de los frentes que, a juicio de gremios y entidades, resulta urgente atender se relaciona con la desactualización de la Unidad de Pago por Capitación, UPC, el recurso que el sistema asigna por cada afiliado. Según explicó Carlos Felipe Escobar, vocero del Instituto de Prospectiva de Innovación en Salud de la Universidad del Bosque, Innos, la metodología de cálculo de la unidad no fue revisada durante este Gobierno, lo eso ha generado un circulo de desfinanciación progresiva.

“La UPC está por debajo del valor que deberíamos tener porque estamos calculando una unidad que se fundamenta en un sistema que funciona con restricciones en las citas, en las cirugías, en la entrega de medicamentos”, señaló.

Escobar también advirtió que el problema no se resuelve solo proyectando sobre lo que el sistema ha gastado en el pasado, sino incorporando las necesidades reales actuales: el envejecimiento poblacional, el crecimiento de las enfermedades crónicas y la deuda acumulada con pacientes que hoy están perdiendo trasplantes o falleciendo por falta de medicamentos.

Por su parte, Ana María Vesga, presidenta de Acemi, indicó que, desde el lado de las aseguradoras, la insuficiencia de la UPC y el pago demorado de los presupuestos máximos explican, en buena parte, la crisis de atención que hoy enfrentan los pacientes. “Hay que disponer de unos recursos en los primeros días para oxigenar a la red hospitalaria, los proveedores de medicamentos y asegurar que la gente reciba sus prestaciones”, planteó.

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En el documento, el ajuste técnico de la UPC con base en evidencia y sin regresividad en la protección alcanzada constituye una de las decisiones urgentes para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema, así como el cumplimiento de las órdenes de la Corte Constitucional sobre el valor de la unidad y del presupuesto máximo. A su vez, precisa que resulta clave determinar y publicar la cifra real de los pasivos del sistema mediante una consolidación técnica independiente que distinga deuda operativa, estructural y derivada de intervenciones, como base para recuperar credibilidad fiscal.

Sumado a esto, los representantes del sector coincidieron en que el sistema necesita un plan de choque inmediato que debe ejecutarse antes de pensar en cualquier reforma estructural. Álvaro Puerto, vocero de Colombia Salud en Acción, precisó que son tres los puntos más prioritarios: estabilización inmediata, protección del acceso a servicios y medicamentos para quienes tienen la vida en riesgo y recuperación de la gobernanza y la confianza institucional. “Todos reconocen la crisis en la que estamos, reconocen que las cosas no han salido bien y reconocen que solos no tienen la fórmula mágica”, dijo.

Para ello, Escobar pidió flujos de recursos constantes y predecibles como condición mínima para que todas las instituciones del sistema como aseguradoras, clínicas, hospitales y miembros de la industria farmacéutica puedan proyectar su operación. “Necesitamos la urgente revisión técnica de la UPC y fuentes de recursos adicionales que se contemplen para inyectar al sistema".

La agenda estratégica del documento establece que dicha estabilización debe adelantarse con base en diferentes acciones, entre las que se encuentran adoptar, desde el día uno, un plan nacional de estabilización que separe deuda estructural de deuda humanitaria, normalice el flujo de recursos, garantice continuidad de tratamientos críticos y proteja a las víctimas del sistema evitando nuevos daños prevenibles. También plantea instalar una mesa técnica nacional de estabilización que articule decisiones urgentes entre el Gobierno Nacional, las entidades territoriales y los actores del sistema.

Teniendo en cuenta que la crisis del sistema no solo afecta a usuarios, sino también a profesionales y médicos, Clemencia Mayorga, vocera del Colegio Médico de Cundinamarca y Bogotá, Colmed, enfatizó en que hay un millón de trabajadores del sector salud, de los cuales 145.000 son médicos y 150.000 son profesionales afines, que se enfrentan a falta de pago, inestabilidad laboral y, en muchos casos, empleadores que no están pagando la seguridad social, lo que deja a médicos y enfermeras sin derecho a ser atendidos dentro del propio sistema que sostienen.

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“Es una situación sumamente preocupante que está derivando en despidos, renuncias y la búsqueda de salida del país”, dijo Mayorga, quien también advirtió que ese capital humano no se recupera fácilmente, pues formar un médico en Colombia toma diez años y un esfuerzo económico que el país no puede darse el lujo de desperdiciar.

Frente a este punto, el plan de consensos dicta que “sin salarios dignos, pago oportuno, estabilidad y planificación estratégica del recurso humano, ninguna reforma es viable"; por lo que, las acciones propuestas incluyen exigir la certificación anual obligatoria de pago de salarios y oportuno de servicios de prestación e implementar formalización laboral progresiva en el sector público y privado con incentivos diferenciados para territorios rurales y dispersos.

Sobre la importancia de atender las necesidades del sistema e incorporar el plan de consensos, Vesga recalcó que el próximo gobierno recibirá 19,8 millones de personas afiliadas a EPS que están en condición frágil administrativa, financiera y operativamente, “sobre las cuales hay que tomar una pronta decisión”. La presidenta de Acemi afirmó que, de las nueve intervenciones realizadas por la administración actual, dos, Sanitas y Coosalud, fueron restituidas por órdenes judiciales; mientras que las otras siete presentan un deterioro patrimonial 264 veces peor que cuando fueron intervenidas, con un patrimonio negativo acumulado de $16 billones de pesos.

Otros ejes del plan de consensos

En total, el documento agrupa 14 consensos en seis bloques estratégicos que, además de contemplar la estabilización financiera y el talento humano, reconocen la atención primaria en salud como eje integrador del sistema y condición para la equidad territorial. A su vez, establece que se debe reorganizar el aseguramiento para que gestione riesgo financiero, técnico y operativo con responsabilidad real sobre la continuidad del cuidado; garantizar acceso a tecnologías sanitarias con decisiones basadas en valor clínico y sostenibilidad fiscal; y posicionar la salud como motor de desarrollo, ciencia, tecnología e innovación articulado a la estrategia de desarrollo nacional.

Incluso, plantea que la fragmentación actual del sistema exige organización funcional del cuidado con población asignada y responsabilidad explícita y que el hospital público, reconocido en muchos territorios rurales como el único garante efectivo del derecho a la salud, requiere una política hospitalaria y financiación diferencial.

Álvaro Molina, de la Mesa Nacional de Usuarios, resumió la posición del sector frente al Gobierno saliente y al que está por entrar. “Llevamos unos años en los que las decisiones se han tomado de manera improvisada y demagógica. Lo que hoy estamos diciendo es que no podemos continuar de esa manera. Necesitamos hacer un trabajo mancomunado, privilegiando la vida de todos los colombianos".