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Daniel Quintero, superintendente de Salud
El superintendente Daniel Quintero precisó que se investigarán denuncias por cobro de comisiones ilegales y realización de procedimientos médicos ficticios
La Superintendencia de Salud inició oficialmente una auditoría integral al Fondo de Salud del Magisterio, Fomag, administrado por la Fiduciaria Previsora, ante múltiples denuncias de irregularidades que van desde el cobro de comisiones ilegales hasta la realización de procedimientos médicos ficticios. El nuevo superintendente Daniel Quintero encabezó el proceso y confirmó que la investigación cubrirá varios periodos, incluyendo el proceso de transición entre el modelo de salud anterior y el actual.
Según detallo Quintero, se auditarán las fases de ejecución y supervisión de los contratos y las irregularidades detectadas en el manejo de los recursos del magisterio, con el objetivo de establecer si las los hechos denunciados son ciertos. "Tenemos información de que se estarían pagando por cápita hasta dos o tres veces más del valor tradicional, pero también algunos casos en los que se vienen realizando varios procedimientos médicos, como colonoscopias, a una persona el mismo día", detalló.
Sobre su duración, precisó que, aunque las auditorías generalmente duran entre 30 y 40 días, por petición del presidente Gustavo Petro, el primer entregable de resultados se presentará en 15 días. A su vez, Quintero confirmó que la inspección no se limitará al Fomag y dado que la Supersalud no puede intervenir directamente al fondo porque es un régimen exceptuado que no se rige bajo la Ley 100, la entidad extenderá la auditoría a Fiduprevisora, que es la encargada de ejecutar los recursos, hacer las contrataciones y manejar los sistemas de información.
Entre los contratos bajo la lupa está la selección de los gestores farmacéuticos; por lo que el superintendente confirmó que verificarán si quienes fueron escogidos cumplían las condiciones técnicas para prestar el servicio, si tenían la capacidad operativa requerida y si la supervisión de esos contratos se hizo de forma adecuada. Quintero advirtió que también revisarán si los prestadores contratados son idóneos o si el Fomag mantuvo los mismos actores del modelo anterior, el que el presidente Petro ordenó desmantelar por considerar que habían montado "una red de corrupción" a costa de la salud de los trabajadores.
Entre otras irregularidades, precisó que hay denuncias de cobro de coimas a IPS, tanto por pago de cartera como por usuarios; indicios de tráfico de afiliados; y mal manejo de los sistemas de información. Además, señaló que contratistas e intermediarios que operaban en el modelo anterior habrían creado estrategias activas para boicotear la implementación del nuevo esquema. "Incluso dentro de Fiduprevisora ha habido quienes han boicoteado el proceso para que no pueda avanzar", sostuvo.
Otra de las alertas está relacionada con la gestión nocturna de facturas, pues señaló que "tenemos noticias de que 30.000 facturas que estaban por pagar en la noche, al otro día amanecieron cerradas y listas para pagar", reveló Quintero, sobre lo cual la entidad deberá establecer si eso representa una irregularidad confirmada o si tiene una explicación administrativa. El superintendente enfatizó en que este procedimiento no protegerá a nadie por razones políticas: "ni a funcionarios de este Gobierno ni de ningún gobierno. Vengo a que se cumpla la ley".
Asimismo, celebró que esta será la primera auditoría del sector salud que incorporará inteligencia artificial para el cruce de información: toda la documentación será solicitada en formato digital para rastrear datos y detectar inconsistencias entre contratos, facturas y prestaciones. "Nuestro objetivo es revisar miles y miles de facturas. Darnos cuenta, por ejemplo, de que un procedimiento aquí lo están haciendo en $10.000 y en el mismo modelo lo están haciendo en $10 millones", explicó.
Recalcó la importancia de este factor porque, según dijo, se encontró con que "estamos ante un sistema obsoleto en términos tecnológicos con 70% de acceso tecnológico deficiente. Todavía hay facturas a mano, miles de millones de facturas a mano. Después de que alguien las primeras mil, ¿quién va a ir a revisarlas otra vez? (...) Eso, obviamente, se presta para temas de corrupción".
Por otra parte, Quintero también se refirió a una reunión de seguimiento que sostuvo con Nueva EPS, a la que defendió como pilar estructural del sistema de salud colombiano, debido a que aseguró que es la única entidad del país que tiene al Estado como garantía de respaldo, lo que la convierte en un actor irreemplazable frente a la volatilidad histórica del mercado de aseguramiento. "Mientras muchas EPS han salido del mercado porque sus dueños no quisieron capitalizar, el Gobierno sí está dispuesto a hacerlo".
Argumentó que esta problemática se evidencia en que, en el último periodo, 100 EPS fueron liquidadas o salieron del mercado, las cuales, a su juicio, nunca tuvieron vocación de permanencia sino de negocio, debido a que alinearon sus objetivos con la reducción mínima de la prestación de servicios para maximizar utilidades de corto plazo. "Muchas EPS están aquí por un ratico, no están pensando en las próximas décadas. Nos dejan enfermar a la gente pensando que ellos se van a retirar", advirtió.
El superintendente también respaldó una propuesta del presidente de Nueva EPS, Jorge Iván Ospina, para atender casos críticos de niños que no reciben sus medicamentos a tiempo, con la cual la Adres, en situaciones de emergencia donde haya una vida en riesgo y la EPS no pueda garantizar la entrega a tiempo, pueda realizar un giro directo a la familia para que el paciente pueda adquirirlo por su cuenta. "Es un procedimiento de emergencia, solo en aquellos casos cuando sea necesario, cuando haya una vida en riesgo", precisó Quintero.
Finalmente, insistió en que el problema del sistema no se resuelve solo persiguiendo la corrupción caso por caso, sino cambiando los incentivos estructurales. El modelo actual premia a las EPS que entregan menos medicamentos y realizan menos procedimientos porque de eso dependen sus utilidades de corto plazo.
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