A la luz de los hechos recientes en la revisión de leyes, todo parece indicar que la Corte Constitucional tiene cronogramas muy distintos a los del resto de los colombianos.
Es increíble que la Ley 2381 de 2024, que reforma el sistema pensional, no tenga un veredicto definitivo desde hace casi dos años cuando llegó a manos de la alta corte. Esta inactividad ha provocado que la norma vigente bajo la cual se pensionan los ciudadanos siga siendo la Ley 100 de 1993; con el agravante de que algunas disposiciones acordadas en el Congreso bajo la nueva norma sí alcanzaron a surtir efectos, como el plazo excepcional que permitía traslados especiales de régimen -el cual venció el pasado 16 de julio de 2026- y las reducciones graduales en las semanas de cotización para mujeres (fijadas en 1.250 semanas para 2026) dictadas por mandatos previos. La Ley 2381 de 2024 ha estado en la Corte Constitucional desde mediados de 2024, tras ser sancionada el 16 de julio de ese año.
El problema radica en que el proceso acumuló múltiples demandas de inconstitucionalidad y se frenó debido a sucesivas recusaciones, lo que llevó al alto tribunal a suspender provisionalmente sus efectos en junio de 2025. Lo que hoy tiene Colombia en su sistema pensional es una auténtica colcha de retazos en la que conviven, en medio de la incertidumbre, un sistema público en cabeza de Colpensiones y otro privado agenciado por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). El gran inconveniente de este limbo es que el Banco de la República, que bajo la Ley 2381 debería administrar el fondo público, no ha podido estructurar el departamento idóneo para ello, pues no existe una ley en firme que lo obligue.
Tampoco Colpensiones ha logrado consolidar un equipo técnico probo que esté a la altura del reto de administrar los ahorros de los trabajadores, a pesar de que en el futuro se perfila como la entidad económica más importante del sector financiero. Sin embargo, la peor situación la experimentan los fondos privados, los cuales, pese a gozar de la confianza de millones de ahorradores y albergar compromisos sustanciales con sus afiliados, se encuentran con las manos atadas para diseñar modelos de negocio sostenibles hacia el futuro. Si el gobierno de turno desea aportar verdaderamente a la discusión, tendrá que aceptar que la reforma regrese al Congreso para ser estudiada nuevamente en las comisiones correspondientes. Allí se deberían debatir ajustes profundos: por ejemplo, eliminar el polémico pilar semicontributivo, aumentar formalmente la edad de pensión a 65 años para hombres y 60 para mujeres, y hacer más estricta la franja transicional. De esta manera, la bomba pensional empezaría a desinflarse sin heredarles a las generaciones más jóvenes un problema fiscal crítico. Ojalá la Corte no demore más la revisión del rediseño pensional, se pronuncie con prontitud y devuelva la ley al Congreso para que las bancadas hagan correctamente su trabajo legislativo.
De lo contrario, el país político y económico seguirá revisando su modelo por casi un lustro, lo que reforzará la preocupante percepción de que Colombia es un territorio de inseguridades, afectando ahora la vejez de sus ciudadanos. El verdadero peligro de esta inédita incertidumbre es que la situación se agrava año tras año: quienes aportan con su trabajo formal al pago de los actuales jubilados son cada día menos, transformando la expectativa de lograr una pensión digna en una mera ilusión.
