El gobierno nacional acaba de decretar la emergencia económica en 15 departamentos para hacerle frente a las consecuencias del terremoto del pasado 10 de agosto, el cual afectó, particularmente, a ciudades capitales como Cali, Pereira y Quibdó, además de una docena de municipios en el suroccidente del país. El objetivo de esta medida no es otro que garantizar recursos ágiles para la reconstrucción de las poblaciones afectadas en la mitad del territorio nacional.
Se trata de un mecanismo de excepción con un fuerte enfoque de desarrollo para el Pacífico y el occidente, regiones que, sumadas sus contribuciones al PIB, representan cerca de una cuarta parte de la economía nacional. La figura de la emergencia económica emerge como un bote salvavidas para llevar el aparato productivo a otro nivel de desarrollo. Si se miran con detenimiento los antecedentes, este tipo de declaratorias suelen dejar saldos positivos que perduran hasta dos años después de su ejecución.
Por ejemplo, tras la avalancha del río Páez en el oriente caucano, la proliferación de zonas francas en el norte de ese departamento hizo que su aporte al consolidado nacional subiera a 2%, cuando históricamente no llegaba a 1%. Algo similar sucedió cuando la administración de Iván Duque recurrió a esta figura para sortear la pandemia global: se pasó de un decrecimiento generalizado a un crecimiento histórico de dos dígitos, demostrando ser una gestión a la altura del reto.
En contraste, el gobierno anterior intentó declarar emergencias económicas en cinco o seis ocasiones sin un sustento real, cuando la verdadera intención era imponer tributos a los colombianos tras los fallidos intentos por tramitar reformas fiscales impopulares. La emergencia actual, declarada por Abelardo de la Espriella, no debería enfrentar mayores objeciones en las altas cortes, pues las consecuencias del sismo son elocuentes y han movilizado la solidaridad nacional e internacional. El único “pero” es que la iniciativa gubernamental podría quedarse corta, dado que la destrucción del movimiento telúrico coincidirá con las sequías ocasionadas por el fenómeno de El Niño, vaticinado para finales de este 2026 y comienzos de 2027.
Colombia debe prepararse simultáneamente para una reconstrucción en marcha y para los estragos de la temporada más seca y calurosa de los últimos 70 años. La prospectiva para el cierre de este año y el inicio del próximo debe articular varios frentes: la reconstrucción de buena parte del territorio, una sequía que afectará los precios de la energía -y que podría traer racionamientos-, una inflación indómita y una inusual revaluación de la moneda que golpea el modelo de negocio de los exportadores.
Si a esto se le suma la grave crisis fiscal heredada del periodo anterior, el balance demuestra que la gestión económica no será fácil. Los gobiernos de turno no sobreviven solo de solidaridad, donaciones y buenas intenciones; ahora más que nunca se requiere ahorro, inversión, trabajo en equipo y, sobre todo, incentivos para que el sector productivo vuelva a ser determinante. Este rol, relegado por la pasada administración, reclama hoy un mayor protagonismo, no solo en la creación de empleo y el pago de impuestos, sino en el diseño de un Estado mucho más eficiente. La estrategia debe ser aprovechar una tragedia para convertirla en una oportunidad, sin dejar de prevenir lo que va a suceder, en otras palabras, reducir los riesgos.
