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La Procuraduría y las cortes colombianas ya se han pronunciado sobre el caso Petro y hay que acatar las decisiones.
Todos los términos jurídicos ya han surtido efecto y al Presidente de la República no le queda otro camino que acatar las decisiones de la justicia colombiana. Ojalá el momento político no contamine la decisión que debe tomar el Presidente Candidato, pues de lo contrario le estaríamos asestando un duro golpe a la esquiva institucionalidad.
El Presidente hizo bien al destituir al alcalde mayor de Bogotá por los errores cometidos y sobre los cuales se ha pronunciado elocuentemente la Procuraduría General de la Nación, ya no existen más recursos en el marco jurídico colombiano y la opinión sobre el caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no es de obligatorio cumplimiento. Y opinamos de esta manera, clara y contundente, porque creemos y estamos seguros de que Bogotá necesita un alcalde en pleno ejercicio que empiece a trabajar por una ciudad mejor, de nueve millones de habitantes, que está a la deriva en todos los frentes de bienestar.
La Capital de Colombia necesita de un burgomaestre muy preparado que esté en ‘modo trabajo’ permanente para sacarla del atraso en que la han sumido los últimos gobernantes locales, que han sido inferiores a los retos para los cuales fueron elegidos. Y no solo son Luis Eduardo Garzón, Samuel Moreno y Gustavo Petro, los últimos alcaldes de pírricas ejecutorias cívicas y sociales, también son todos los concejales, los diputados y la misma clase empresarial que ha vivido de espaldas a la situación capitalina. Es inconcebible que no exista una gran obra en Bogotá que transforme la vida de sus ciudadanos; que el metro ya suene a chiste, y que una solución de movilidad temporal como es Transmilenio colapse en una suerte de crisis de éxito y que ni siquiera llegue al Aeropuerto.
La Alcaldía Mayor de Bogotá, las decisiones de las últimas Cortes y el actuar de la Procuraduría, son respaldadas por la decisión definitiva que debe ejecutó el presidente Santos. Las instituciones permanecen y no pueden modificarse a la talla de la fuerza o popularidad de sus directivos de turno; queremos decir con esto que no importan las multitudinarias marchas de respaldo del Alcalde destituido y sancionado; ni tampoco importa su papel como ejemplo de un proceso de paz, si su conducta no se ajustó a sus obligaciones como funcionario público. El país debe pasar de acomodar las instituciones a las personas. Tan nocivo para la democracia fue montarle la reelección presidencial al expresidente Álvaro Uribe a su talla y conveniencia, como acomodar una decisión del Ministerio Público en función de la fuerza política del alcalde Petro.
Avanzar en la democracia es consolidar las instituciones y esos pasos tienen sus sacrificios.
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