Un logro fiscal que no se puede desconocer

Los transportadores y usuarios de vehículos que se mueven con combustible diésel o Acpm gozaron durante casi 60 meses de un muy bajo precio porque a los anteriores gobiernos les daba auténtico miedo no ajustar el valor conforme a las necesidades de las finanzas públicas y en consonancia con los valores internacionales.

Hace una década un galón de Acpm costaba alrededor de $6.000 y ahora no llega a $10.000, un desequilibrio sin mucha explicación; situación que beneficia directamente a los transportadores que gozan de un precio subsidiado, pero ese beneficio no lo trasladan a los otros colombianos; transmisión que puede hacerse con el congelamiento directo de los flotes de transporte, por ejemplo.

El paro puso al descubierto el chantaje que hacen muchos camioneros al resto de colombianos, en una suerte de si no mantienen el precio bajo del diésel, bloqueo el país. Esta vez lograron a medias su objetivo: el Gobierno Nacional pudo descongelar el precio y el galón del combustible subirá ahora $400 y en un par de meses otros $400, aún muy poco frente al precio ideal que debe estar en torno a los $16.000.

Ese subsidio a los camioneros va contra las utilidades de Ecopetrol en el obsoleto esquema que maneja el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, que se convirtió en una olla sin fondo y que para pagarlo se debía cruzar contra las utilidades de la estatal petrolera.

Ningún analista serio y menos un economista puede desconocer que los ministerios de Hacienda y de Minas han actuado conforme a lo que dicta la ortodoxia y que el ajuste en el precio de los combustibles va en buen camino; la gasolina ya empezó a moverse de acuerdo a los precios internacionales y es necesario que el diésel lo haga prontamente, sin que la amenaza de bloqueos y el chantaje de infartar la economía vuelva a suceder.

Fueron enormes los daños que los camioneros hicieron a la economía en cuatro días y lamentables las situaciones de personas vulnerables que sufrieron por su comportamiento temerario. Es pésimo el precedente gremial de creer que Ecopetrol es una empresa pública lista para ser saqueada, quedándose con las utilidades dirigidas a un sector específico. Ahora que el Gobierno Nacional dio un paso adelante en el difícil camino de reducir el déficit fiscal, debe actuar con grandeza y empezar a ahorrar, recortando un aparato estatal bastante ineficiente.

Lo más probable es que la próxima semana el Ministerio de Hacienda radique en la Comisión Cuarta de la Cámara de Representantes un proyecto de ley de financiamiento en el que se pondrán más impuestos a las empresas y a los contribuyentes de siempre, sin tener en cuenta que ya hay un ahorro en los precios de los combustibles, vía utilidades de Ecopetrol.

El presupuesto del próximo año de $523 billones está desfinanciado y el Ministerio de Hacienda debe mirar de dónde saca entre $10 y $15 billones, un hueco que debe tapar haciendo más eficiente a Ecopetrol, reduciendo la burocracia estatal, atacando la evasión tributaria y apretando las tuercas contra la onerosa elusión.

Ahora que se han descongelado los precios de la gasolina y el diésel, los demás colombianos -los que siempre pagan impuestos- deben sentir ese logro del Gobierno con una tributaria que no se sienta en los bolsillos de los 14 millones de familias, sino que vaya contra la evasión.