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EDITORIAL ¡Son las regalías, estúpido!
domingo, 11 de junio de 2017
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Si el Sistema General de Regalías se sincroniza con los mandatarios regionales y locales, otra cosas sucedería con las consultas democráticas

 

Hagamos un poco de historia: la Constitución de 1991 reglamentó “la propiedad del subsuelo y el pago de regalías a las regiones como contraprestación del beneficio de los recursos naturales”. Más tarde en 1994 se creó el Fondo Nacional de Regalías para el manejo financiero de esos recursos con destino a departamentos y municipios, a los que se les entregaba el doble de lo recaudado por tributos como el impuesto predial y el de industria y comercio. Este dinero también representó 10 veces el recaudo del impuesto a los licores. Fórmulas de distribución que de una manera u otra han solucionado la entrega de recursos, pero que han sido un gran fracaso en términos de seguimiento a las obras que con esos dineros se construyen, alimentando la idea generalizada de que las regalías se evaporan en corrupción de mandatarios de turno.

La norma de 1994 señalaba que las regalías debían asignarse a los entes territoriales productores y/o afectados por el transporte del producto. Siendo así, la distribución estaba concentrada en siete departamentos (Arauca, Meta, Casanare, Cesar, Guajira, Huila y Santander) que representaban 70% de los recursos durante casi la primera década de 2000 y donde solo vivía 14% de la población. Esta situación hizo que se reformara el esquema de distribución de 1991, aprobada por el Acto Legislativo 05 de 2011 y reglamentado por la Ley 1530 de 2012. Allí se sustituyeron los fondos anteriores y se creó el Sistema General de Regalías, bajo la premisa de que los recursos no pueden ser ejecutados hasta que los entes territoriales formulen un proyecto que mejore las condiciones de vida en los planes de desarrollo territoriales. Esas evaluaciones las debían hacer los Órganos Colegiados de Administración y Decisión, Ocad, responsables de definir los proyectos de inversión con recursos del Sistema. Una aclaración adicional, la distribución de dineros del sistema es el siguiente: 30% Fondo de Ahorro y Estabilización; 10% Fondo de Ahorro Pensional de las Entidades Territoriales; 10% Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, y un porcentaje restante, mínimo 50%, para el Fondo de Desarrollo Regional.

Sobre el papel todo está claro, pero en la práctica el mundo de las regalías es confuso y está claramente capturado por los funcionarios corruptos y los políticos de cada municipio y región departamental. La máxima expresión de la anterior aseveración es el efecto dominó de posición de las consultas previas a las comunidades por cada explotación u obra y la tendencia a que las comunidades le digan no a la explotación de minas en sus territorios, lo que le ha acarreado al Estado millonarias demandas por no brindar la seguridad jurídica que debe enmarcar todo proyecto de inversión nacional o extranjero.

Si a los pobladores de Cajamarca, Cumaral y Támesis, entre otros pueblos, les hubieran explicado sus gobernantes el beneficio de la minería sostenible y el efecto real de las regalías, otra situación experimentaría, pero nadie desde los gobiernos locales, regionales y el nacional se ha dado a la tarea de sensibilizar a los afectados sobre la transformación positiva que puede traer una minería bien realizada bajo la supervisión de las entidades de control y vigilancia.

¡Son las regalías, estúpido! Nuevamente trayendo a colación el grito de campaña de Clinton (“The economy, stupid”) cuando derrotó a Bush padre, al hacerle caer en la cuenta que la gente estaba muy preocupada por el destino económico de la Nación y no por la seguridad. Si los gobernantes son efectivos con las regalías, no serían necesarias las consultas y las preguntas obvias sobre vocaciones económicas de los pueblos.

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