¿Por qué es tan difícil vender activos estatales?

Al ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, le quedan solo cuatro semanas para armar un articulado contributivo convincente que recaude unos $15 billones y que sea el mensaje contundente que quieren escuchar las firmas calificadoras de riesgo para no seguir bajando la nota y ceder más en el grado de inversión. Los técnicos de la cartera económica hablan de que sincronizar discusión del presupuesto en el Congreso con el de la nueva tributaria, dicho de otra manera estudiar las necesidades de gasto con las de ingresos, tal como se hace en los países de Ocde, en donde se discuten los presupuestos y su financiación anual o cada dos años.

El Gobierno debe poner en consideración del Congreso un presupuesto de unos $310 billones y una tributaria de $15 billones. Las cuentas no son exactas y para cuadrar caja es imperativo salir de muchos activos que el Estado tiene en la Sociedad de Activos Especiales, SAE, que maneja todos los bienes incautados al narcotráfico. Se estima que son 60.200 bienes en proceso de extinción de dominio, pero con el agravante que están en manos de abogados, invasores, municipios, gobernaciones, entidades de beneficencia y cientos de apoderados que le están ganando la batalla al Gobierno Nacional, y hasta ahora, no hay poder humano que les quite la propiedad de facto, pues muchos se consideran ya dueños y hablan hasta de prescripciones en su favor.

Si se amplía el portafolio de bienes la cifra puede ascender a más de 65.000 activos, entre los cuales hay bienes muebles, inmuebles, sociedades, semovientes y toda clase de cosas que se han ido incautando a personas naturales y jurídicas con nexos probados con las guerrillas y narcotraficantes. El punto máximo de bienes en extinción de dominio se llegó en 2015 cuando había un portafolio de 110.000 activos en ese proceso jurídico, pero el grueso de esos bienes son disputados con abogados y entidades sociales que impiden la venta y la generación de recursos.

Cuentas alegres de economistas dicen que se puede vender algún porcentaje de esos bienes y que se obtendría unos $3 billones o $4 billones, una tercera parte de una tributaria, pero los procesos legales en el país son lentos y el Gobierno Nacional no cuenta con un aparato jurídico capaz de aplicar las leyes en favor del Estado. Mientras eso ocurre y el Ministerio de Hacienda logra enderezar las cuentas pueden pasa un década en los tribunales. La única salida para este entuerto en el que residen unos recursos frescos que ahorraría tributarias, es una ley exprés que se tramite con urgencia y le de dientes legales y contundentes al Ministerio para poder obtener esos recursos hoy en manos de avivatos, tristemente muchos cercanos a políticos con fuerza con el Congreso. No se puede olvidar que hasta hoy se están juzgando a congresistas que saquearon las viejas oficinas conocidas como “estupefacientes”.

A la pregunta: ¿por qué es tan difícil vender activos estatales confiscados a los delincuentes? Se puede responder que hay al interior de los poderes muchos interesados en que estos procesos no se den y le apuestan a dilatar los pleitos. Siempre será más fácil para un Gobierno de turno acudir a impuestos al consumo y la renta en lugar de darse el lapo y vender miles de millones en bienes decomisados a delincuentes. Esto debe cambiar con el esfuerzo de todos.