Por las calles y carreteras de los municipios y ciudades colombianas circulan alrededor de 22 millones de automotores. Entre estos se cuentan motocicletas en su inmensa mayoría, automóviles particulares, remolques y maquinaria; todos con el factor común de un marcado envejecimiento. A lo largo de los últimos años, las políticas públicas han sido incapaces de extender las normas de chatarrización -actualmente aplicadas a buses y camiones- hacia los vehículos particulares y motocicletas, los cuales representan la mayoría de los usuarios. Cada año ingresan al mercado, mediante su registro como vehículos nuevos, 1,2 millones de motocicletas y cerca de 300.000 automóviles.
Este millón y medio de automotores nuevos no cuenta con un espacio reservado en las vías, por lo que deben disputar su lugar con millones de vehículos obsoletos provistos de sistemas de combustión ineficientes. Actualmente, circulan en Colombia cerca de 11 millones de motocicletas con una antigüedad promedio de 11 años, así como 8 millones de vehículos particulares con una vejez que ronda los 17,5 años.
Si bien estos automóviles deben contar con un certificado de revisión técnico-mecánica para movilizarse, dicho documento no mitiga su huella de carbono, la cual resulta altamente perjudicial para el entorno. Este panorama empeora en los casi 1.000 municipios de menos de 500.000 habitantes, donde los parques automotores envejecidos y contaminantes parecen no ser una prioridad para las autoridades. Ahora que el gobierno nacional prepara un nuevo Código Nacional de Tránsito, el debate sobre la chatarrización adquiere una relevancia crucial.
El Ministerio de Transporte debe “tomar el toro por los cuernos” y articular esfuerzos con el sector automotriz para agilizar este proceso a nivel nacional. Una alternativa viable sería restringir la circulación y el uso del espacio público a aquellos vehículos que, debido a su obsolescencia, no logren ser aprobados por las compañías aseguradoras. De este modo, se mitigaría su impacto ambiental, priorizando el bienestar colectivo sobre el derecho individual a la movilidad, y protegiendo a poblaciones vulnerables como niños y adultos mayores.
Un vehículo provisto de carburador y en mal estado perjudica tanto a su conductor y pasajeros como a los peatones expuestos a sus emisiones en trayectos cortos. Si a esto se le suma que Colombia enfrenta graves problemas de congestión vial, la situación de la movilidad trasciende a un problema de salud pública ambiental. Por lo tanto, el uso de vehículos eléctricos e híbridos, motocicletas eléctricas de bajo cilindraje y bicicletas debe ser incentivado y respaldado por las autoridades locales, regionales y nacionales como una política de Estado, bajo el principio constitucional de que el bien común prima sobre el interés particular. En un país que apuesta por la sostenibilidad y las buenas prácticas ambientales, resulta inadmisible que la mayoría de las motocicletas circulen sin la revisión técnico-mecánica vigente y operen con estructuras que en otras naciones estarían prohibidas.
Tradicionalmente, la chatarrización ha sido un asunto político relegado al transporte de carga y de pasajeros, debido a los incentivos económicos existentes para que los propietarios sustituyan buses y camiones viejos. Sin embargo, este esquema no se aplica a los vehículos particulares ni a las motocicletas, sectores que carecen de beneficios económicos o planes de renovación por parte de los concesionarios.
