El Código de Tránsito es muy obsoleto

En Colombia hay unos 22 millones de automotores, de los cuales 14 millones son motocicletas, cifras que siguen creciendo sin mayor control por parte de las autoridades competentes, al punto que cada año se venden casi 1,2 millones de motos nuevas. Pero el verdadero problema es que el país tiene uno de los parques más envejecidos de América Latina, con una edad promedio de 17,5 años.

En pocas palabras, Colombia está lleno de carros viejos, motos baratas y un canibalismo creciente contra los tenedores de esos vehículos.

El presidente, Abelardo de la Espriella, ha tomado el toro por los cuernos y, por lo menos, ha empezado a meterse con la voracidad del sistema de multas y precios que desangra a los colombianos más pobres. Le va a poner freno a las multas proporcionales, ajustando el valor para que sean más justas según la capacidad económica. Habrá menores costos en trámites, revisará los cobros del Runt y del Simit, y ofrecerá cursos pedagógicos más económicos. Se ampliará la vigencia de las licencias de conducción y se establecerán plazos más razonables para la revisión técnico-mecánica. Habrá una revisión integral del sistema de cámaras para exigir requisitos más estrictos de seguridad vial antes de imponer comparendos.

El gobierno nacional ha puesto el dedo en la llaga de la corrupción y la injusticia social derivada de los excesivos cobros a los más pobres, valores que iban a parar a los bolsillos de los concesionarios privados dueños de esos negocios públicos. El Ministerio de Transporte ha sido especialmente anacrónico con la realidad de la movilidad en Colombia, y los ajustes que se le han hecho al Código Nacional de Tránsito han sido con nombre propio para beneficiar a clanes familiares con representantes y senadores, quienes legislan en favor de esos cobros hormiga que aceitan la compra de votos en varias regiones del país.

El nuevo Código debe interpretar la nueva realidad nacional: las bicicletas, las motos, los carros eléctricos, los híbridos, pero sobre todo, la solución obsoleta del pico y placa que afecta el uso de los vehículos. Debe revisarse el sistema de placas por áreas metropolitanas, y las absurdas matrículas de carros en sitios donde los individuos no circulan.

El pico y placa no debe basarse en el tipo de motor y su combustible, sino en placas y tamaño, pues los carros ocupan un espacio urbano, independientemente de si son a gas, a electricidad o a gasolina. Tal y como se han planteado, las restricciones han caído en obsolescencia: no es por combustible, es por dónde se paga el impuesto y por su ocupación en la vía pública; como también deben revisarse los peajes gratuitos para las motos y el sistema con que opera el seguro.

La movilidad en motocicletas y las normativas de seguridad deben revisarse a fondo, al igual que las de las bicicletas. Solo si esto se hace con juicio y con prospectiva, mucho del estrés nacional se empieza a curar. Colombia es un país enfermo en todo lo que tiene que ver con su transporte, y si el presidente se ha metido en la tarea de solucionar esa enfermedad, bienvenidas sean las nuevas ideas; y si en el desarrollo de este objetivo encuentra que hay un poco de corrupción, bienvenidas sean todas las acciones que lleven al país hacia un mejor sistema de transporte urbano donde prime la seguridad.