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El decreto protege a los ‘super’ de arremetidas empresariales una vez toman decisiones importantes en temas de cartelización, pirámides o de liquidaciones.
La Presidencia de la República tiene listo un decreto ley mediante el cual rediseñan las funciones de los tres superintendentes clave o de primera línea del Estado. Se trata de Industria y Comercio; Financiero y de Sociedades, tres funcionarios de control y vigilancia que son fundamentales para el desarrollo del libre mercado, las buenas prácticas empresariales, la transparencia del mercado de valores y el respeto por accionistas, socios y cuentahabientes. Nuestro país camina por el sendero de las buenas prácticas de las 40 economías más desarrolladas y para tal efecto debe asimilar reglas, protocolos y métodos que en otros lugares funcionan.
El decreto ley no solo busca que estos funcionarios tengan periodos fijos para que no estén al vaivén de las fluctuaciones políticas, sino que estén protegidos legalmente contra las arremetidas de las empresas y personas que investigan. Recordemos que hasta unos años varios funcionarios utilizaron la puerta giratoria que les permitía pasar de investigadores oficiales a empleados privados de las empresas investigadas por ellos mismos. Si revisamos las crisis financieras de los años ochenta encontramos superintendentes que pocos más tarde de salir de las entidades de control y vigilancia pasaban a ser banqueros o gerentes de empresas investigadas. Incluso algunos grupos de la época usaban sus funcionarios para que pasaran un tiempo en las entidades oficiales y luego regresaran a sus cuarteles privados. Esa situación llevó a crisis financieras que hacen parte del pasado y a toma de empresas con prácticas de manipulación de acciones y de manejo de información privilegiada.
La independencia de esas tres superintendencias (sumaríamos a Transporte y Notariado en una segunda etapa) es vital para que se entiendan como entidades rectoras de las buenas prácticas empresariales de carácter técnico y jurídico, no una cuota burocrática para repartida entre senadores. El presidente Santos ya le quitó de los apetitos burocráticos de los políticos a la Dian, ahora debe avanzar con las superintendencias y las entidades del sector agropecuario como ICA, Corpoica, Finagro, Banco Agrario, etc.
Ese necesario decreto debe garantizarles a los actuales superintendentes claridad sobre sus funciones, desarrollo de la norma y respaldo para sus investigaciones y aplicación de controles. Solo pensemos por un momento en las implicaciones legales de sus actuaciones y el sinfín de recusaciones que se les viene encima a los superintendentes Financiero o de Industria cuando hacen sus investigaciones por prácticas piramidales o de carteles en empresas históricas o grupos económicos, y nos daremos cuenta que esas oficinas necesitan dientes para poder trabajar de cada a los consumidores y usuarios bancarios.
Poco a poco el país camina al desarrollo.
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