La agenda por delante en Washington

EE.UU. volvió a descertificar la política colombiana contra el tráfico de estupefacientes, al no evidenciar “esfuerzos sustanciales durante los últimos 12 meses para cumplir con sus obligaciones en virtud de los acuerdos internacionales contra el narcotráfico”. La noticia se dio a conocer una semana después de que el secretario de Estado, Marco Rubio, desarrollara una agenda de trabajo con el nuevo gobierno colombiano. Esta descertificación no sorprende.

Durante los cuatro años de la administración pasada, no se atacaron eficazmente los cultivos de hoja de coca, no se persiguió con determinación a los traficantes y se permitió el crecimiento de grupos al margen de la ley dedicados al narcotráfico. Si bien las cosas han comenzado a cambiar desde que Abelardo de la Espriella asumió la presidencia de la República -al menos en lo que respecta al ataque frontal contra las organizaciones delincuenciales-, aún queda mucho por demostrar.

El principal desafío radica en las casi 300.000 hectáreas de coca sembradas en la mayoría de los departamentos, una extensión que convierte a Colombia en la auténtica despensa global de la cocaína. La geografía del problema muestra que, con la única excepción de Brasil, todos los países fronterizos con Colombia están incluidos en la lista de descertificados. Esto parece configurar el escenario del refrán popular: “mal de muchos, consuelo de tontos”, evidenciando que el cultivo de coca, la industrialización de la cocaína y su tráfico se han transformado en un asunto continental que debe ser abordado bajo esa misma escala dimensional.

En el ámbito internacional, el gobierno de Donald Trump ha atacado activamente a los narcotraficantes en aguas internacionales mediante la destrucción de embarcaciones, la captura y la baja de operadores marítimos. No obstante, en los territorios de los países descertificados el panorama es distinto; grupos políticos de gran influencia suelen apelar al concepto de soberanía nacional para impedir ataques directos en las zonas de mayor producción. Aunque es previsible que bajo el mandato de De la Espriella la estrategia local cambie mediante el retorno de la fumigación, la sustitución de cultivos ilícitos, la erradicación manual y la judicialización de los productores, esto representa únicamente el “garrote” para un problema que es crónico y estructural.

Ante esta realidad, la embajadora en Washington, María Consuelo Araújo, y el canciller Omar Bula, bajo la articulación del ministro de Comercio, Mauricio Gómez, deben unificar esfuerzos diplomáticos. La meta debe ser alcanzar un arancel de 0% para el comercio de Colombia hacia Estados Unidos, intentando revivir las preferencias arancelarias de las que el país disfrutaba antes de la firma del TLC. El fenómeno del narcotráfico no es una responsabilidad exclusiva de las naciones productoras; está intrínsecamente ligado a los países con altos niveles de demanda de narcóticos, como Estados Unidos y la Unión Europea, cuyos mercados concentran el mayor consumo de cocaína y sostienen financieramente la producción en los países en vías de desarrollo.

Al revisar el estado del arte de las políticas antidrogas, ambas naciones concluirán que la solución definitiva exige combatir el narcotráfico mediante la fuerza y la justicia, mientras que, en paralelo, se privilegian e impulsan productos con denominación de origen en aquellas zonas tradicionalmente cultivadoras de coca.