El Ministerio de Agricultura debe tener un plan B

Según el último informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, con corte a 2024, en Colombia hay 261.386 hectáreas sembradas de hoja de coca, lo que representa un crecimiento de 3,5% frente al registro de 2023. Además, entre 2014 y 2024, el área cultivada casi se cuadruplicó, con un aumento de 278%.

La noticia, reflejo de una realidad a voces, puede pasar desapercibida porque ya forma parte del paisaje informativo; pero cuando el dato se compara, el panorama no deja de sorprender: la coca es el octavo cultivo de mayor extensión en el país. Por cada hectárea de cebolla de bulbo hay 25,19 hectáreas de coca; por cada hectárea de zanahoria, 20,16; por cada hectárea de cebolla de rama, 16,41; por cada hectárea de tomate, 14,22; y por cada hectárea de piña, 9,80.

Asimismo, la rentabilidad de la hoja de coca es mucho más alta que la de cualquiera de los anteriores, un factor determinante para que miles de familias se dediquen a una actividad delictiva en lugar de fortalecer cultivos formales dentro de la legalidad. Las 261.386 hectáreas de coca superan, en conjunto, las 136.227 destinadas a tomate, cebolla y fríjol; es decir, el área cultivada con hoja de coca es casi el doble de la que ocupan estos tres productos agrícolas juntos. La pregunta es por qué un cultivo ilegal seduce a los campesinos más que uno legal, que podría ser más rentable en todas sus dimensiones.

La respuesta tiene que ver con la falta de institucionalidad estatal en una buena parte del territorio colombiano. No solo se trata de la abundancia de recursos que engrosa las economías subterráneas y aceita el crimen inherente al narcotráfico; el dinero fácil es una realidad ligada a los altos flujos de capital. Ese exceso provoca el encarecimiento de los productos y servicios más básicos en las regiones cocaleras. Una consecuencia colateral de esta suerte de hiperinflación es que estos territorios, capturados por economías subterráneas, se niegan a experimentar situaciones de mercado distintas; de ahí que la sustitución de cultivos sea la herramienta más eficaz para erradicar esta problemática.

El nuevo gobierno nacional debería implementar, a través del Ministerio de Agricultura, un enfoque distinto al tradicional -históricamente ligado a las carteras de Defensa y de Justicia-, aplicando una estrategia de zanahoria y garrote en las regiones afectadas. Con los nuevos aires diplomáticos entre Estados Unidos y Colombia, se puede consolidar un ambiente de cooperación en el que las autoridades estadounidenses revivan el Atpdea, un programa de preferencias arancelarias para productos cultivados en zonas de sustitución -como cacao, frutas, maíz o aguacate- que reemplacen a la hoja de coca. Las explotaciones o fincas cultivadoras son las mismas; se trata de trabajar con los pequeños productores en una sustitución que deja de ser meramente agraria para convertirse en sociocultural.

Sin embargo, para que sea verdaderamente efectiva, la cartera del agro no debe ser inferior al reto de demostrar que la producción sana es mucho más rentable que una actividad ilícita. Para ello, debe hacer presencia mejorando las vías terciarias, la vivienda rural y los acueductos veredales, instalando paneles solares y proveyendo buenas conexiones a internet.

Solo disminuyendo las precariedades en las zonas cocaleras se reducirán las hectáreas sembradas; buenos hospitales, carreteras apropiadas, colegios de bachillerato, sistemas de riego y, ante todo, la seguridad son las verdaderas inversiones que acaban con la coca.