Nuevo operador de Electricaribe no da espera

El Gobierno Nacional a través de las autoridades energéticas -con el Ministerio de Minas y Energía a la cabeza- deberán señalar en menos de cuatro semanas qué compañía local o internacional se hará cargo de Electricaribe, la problemática empresa que ofrece el servicio público en la región Caribe y que ha tenido enormes problemas por sortear entre los que se destaca que nadie quiere tener que ver con el espinoso y millonario asunto que va desde enormes inversiones en redes, mejoramiento del servicio y poner a andar un ambicioso programa de sensibilizar a los consumidores de que deben pagar por el uso de la energía y mucho menos conectarse ilegalmente. Para nadie es un secreto que en poco más de dos décadas es la segunda intervención del Estado en el servicio eléctrico en los departamentos caribeños, el primero fue en 1996 durante las privatizaciones de las electrificadoras de la Costa, con Corelca a la cabeza, operación de la cual nació Electricaribe con inversionistas extranjeros que fueron inferiores al reto de inversión y ahora han demandado al país. Es una situación muy compleja que obliga a los recién posesionados gobernadores y alcaldes de todo el Caribe a hacer una cruzada o un frente amplio para que la ministra María Fernanda Suárez les solucione el problema crónico, una tarea fácil desde el marco jurídico pues el nuevo Plan Nacional de Desarrollo facilita que compañías de operación local puedan presentar una estrategia y quedarse con los restos de esa distribuidora, pero aún con todas esas facilidades, el negocio no convence a nadie dado que la historia ha demostrado que son las mismas instituciones regionales y locales las que más se oponen a cambiar la cultura de consumo de energía sin pagarlo. No se puede negar que los grandes deudores de la maltrecha Electricaribe son las mismas entidades de los departamentos y de los municipios. Es un problema en donde todos deben poner de su parte y aplicarle un torniquete a la empresa para no seguir desangrando el erario público subsidiando una compañía que no va para ningún lado. No se puede olvidar que la última reforma tributaria aprobó capitalizaciones de la Nación para asegurar la prestación del servicio público de energía Fondo de Sostenibilidad Financiera del Sector Eléctrico, Fonse, adscrito al Ministerio de Hacienda, una buena iniciativa que en otras regiones como Bogotá o Antioquia serían impensables.

La única empresa a la que se le ha facilitado hacerse con el maltrecho negocio de Electricaribe es EPM de Medellín, pero la trama de HidroItuango y la recuperación financiera a la que debe ser sometida, le impide tomar una decisión racional para quedarse o hacerse cargo de ese servicio en una región con problemas de pérdidas negras. Además, EPM tiene 25% de su participación en el mercado de distribución lo cual sería un obstáculo que se ha salvado desde el Plan Nacional de Desarrollo, una situación que no le gustaría mucho a los competidores, pero que tratándose de un “motivo nacional”, puede caminar la necesaria operación.

La moraleja que queda de la situación a la que nuevamente llegó el servicio eléctrico en el Caribe es que mejorar el servicio es tarea de todos y que las autoridades de control y vigilancia deben ser estrictas con el seguimiento a todos los jugadores del mercado.