No tiene sentido cobrar tributos que devuelven

La administración de Gustavo Petro pasará a la historia como la que más emergencias económicas ha impuesto: algunas con justificación, pero la inmensa mayoría como una alternativa ante la caída de las distintas reformas tributarias y el bajo recaudo. Lo peor es que, al final del año pasado y al comienzo de este, se ha insistido en esa figura justo en un momento electoral, en el que ese dinero puede terminar en manos de contratistas estatales, congresistas y demás proveedores del Estado que tienen candidatos que respaldar.

Es un hecho histórico que el gobierno de Petro ha declarado varios estados de emergencia económica, social y ecológica, cuatro hasta febrero pasado, figuras argumentadas para atender crisis regionales como La Guajira, el fenómeno de La Niña y los desastres naturales en varios departamentos. Iniciativas amparadas legalmente, pero que durante la revisión en la Corte Constitucional se caen, pues no son el camino para cubrir el déficit fiscal. Por ello, el alto tribunal ha ordenado devolver impuestos recaudados, como el IVA a licores y el impuesto al patrimonio.

Queda la enseñanza de que no se pueden cobrar impuestos para luego devolverlos, una acción irresponsable que afecta a las empresas y drena la credibilidad del sistema tributario colombiano, uno de los más mediocres en términos de la Ocde. El camino que debió seguir el Gobierno Nacional, al que le quedan poco menos de 110 días, debió ser el ahorro, el recorte y la eficiencia estatal, pero sobre todo la construcción de un sistema de recaudo más moderno y competitivo. Hoy se siguen recaudando unos $300 billones en un presupuesto general cercano a $560 billones, un panorama matemático que obliga al Ejecutivo a endeudar al país y a ahogar a los mismos contribuyentes de siempre.

Colombia nunca ha gozado de una seguridad tributaria competitiva en la región y los congresistas han encontrado en esa tarea irresuelta una manera de hacer lobby en los distintos sectores económicos, en una suerte de círculo vicioso que no deja que el sector productivo ni la inversión extranjera puedan crecer. El próximo 4 de mayo se deberá pagar la segunda cuota del impuesto al patrimonio decretado en la emergencia económica de febrero de este año.

Este tributo cobija a empresas y sociedades con patrimonio líquido igual o superior a 200.000 UVT, en un momento en el que la liquidez empresarial es limitada y el impuesto se convierte en un gasto no planeado. Por tanto, es imperativo suspender temporalmente los efectos del decreto mientras se toma una decisión de fondo en la alta corte. Declarar emergencias, cobrar impuestos atemporales que luego deben devolverse, todo en un momento electoral, desdice de un país que quiere avanzar hacia la formalidad y la madurez de sus instituciones. Ni las emergencias económicas son una alternativa a las reformas tributarias, ni el cobro ilegal de impuestos -para luego devolverlos- debe ser la cultura tributaria que se imponga en Colombia.

Este tipo de distorsiones son las que deberá entrar a resolver el nuevo Gobierno que se posesione el 7 de agosto, justo cuando la economía del país debe empezar a planear el futuro inmediato, que, hay que aceptarlo, llegará con una reforma tributaria estructural que intente arreglar el desgreño fiscal que deje esta administración.