La fiesta de las regalías no termina

Las regalías en el mundo nacieron como una manera de pagarle la propiedad intelectual o de reconocer los derechos de autor sobre libros, la idea era establecer bases para los pagos de regalías que luego se extendieron a otros campos como el los recursos naturales; el debate si son o no impuestos aún se da en el mundo de los economistas, lo cierto es que llegaron a Colombia por medio de la Constitución de 1991, cuando se adoptó un sistema moderno de distribución de la propiedad estatal del subsuelo; más adelante, en 2011, se reestructuraron radicalmente con el Acto Legislativo 005, que creó el Sistema General de Regalías con el objetivo de repartir equitativamente los ingresos minero-energéticos en todo el país.

El artífice de ese avance fue el ex ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, quien para explicar -o hacer pedagogía- sobre la necesidad de que las regalías llegara a todos los rincones del país y no se fuera a engordar elefantes blancos en las zonas ricas en minas y energía, dijo que la mermelada debía esparcirse en toda la tajada de pan. La ciega oposición desvirtuó el comentario y lo posicionó como “están dando mermelada”, pero esa es otra discusión. Lo que se ve ahora es que la “mermelada” de las regalías no se está yendo para las regiones sino para los bolsillos de los funcionarios corruptos y su red de contratistas, delito que no es nuevo al interior de Planeación Nacional, entidad -dicho sea de paso- que debe recuperarse o liquidarse pues solo se quedó repartiendo la mermelada de las regalías sin criterios técnicos.

Es un hecho indiscutible que el Estado es el dueño de los recursos no renovables, lo que origina la contraprestación económica por su explotación. La Ley 2056 de 2020 es la norma actualizada que regula el funcionamiento, la distribución y el uso de estos ingresos, y la norma que está fallando porque ha sido capturada por los corruptos. El objetivo de financiar proyectos de desarrollo, inversión local, infraestructura y cierre de brechas sociales se quedó en el papel y cerca de $10 billones que reposan en regalías están merodeados por ejércitos de políticos inexcrupulosos que viven de la ingestión de esa mermelada.

La idea original de convertir la riqueza del subsuelo en desarrollo sostenible y reducir las desigualdades entre las regiones productoras y las no productoras, se quedó en el papel y el próximo Gobierno Nacional debe resolver este problema para que no se repita lo de siempre: la Fiscalía ha destapado un entramado de corrupción que usaba esquemas asociativos de municipios para direccionar contratos financiados con recursos del Sistema General de Regalías, desfalco asciende al medio billón de pesos.

Los candidatos a la Presidencia deben cambiar el esquema actual o hacerlo funcionar, pero instancias como la Comisión Rectora del SGR, que define políticas, evalúa ejecución y dicta regulaciones administrativas, no funciona. El Departamento Nacional de Planeación y su Subdirección General, encargados de guiar la formulación y viabilidad de proyectos, no avanza ni pone la cara, y el Ministerio de Hacienda que administra el presupuesto y giro de regalías, ha perdido su rigor técnico. Pero donde reside el verdadero problema es en los Órganos Colegiados de Administración y Decisión, encargados priorizar y aprobar proyectos de inversión que están trabajando en la opacidad del Estado.