Más abogados que ingenieros

El negocio de muchas multinacionales extranjeras de la construcción en América Latina es muy simple: ganan jugosas licitaciones con base en rebajar los precios hasta hacerlos imbatibles (muchas veces con coimas y tráfico de influencias), más tarde cambian las exigencias oficiales de las licitaciones que han ganado; al mismo tiempo buscan vender su participación en las obras licitadas a otras constructoras, y cuando no tienen otro camino diferente que hacer la obra que les han adjudicado, cometen errores milimétricamente calculados para generar querellas, desinformaciones, malos entendidos y, finalmente, no concluir las carreteras, puentes, autopistas o túneles contratados. Lo que verdaderamente les importa es querellarse contra los Estados que los han invitado a construir, quedarse con dineros de anticipos -en donde aún existen- y adelantar tribunales de arbitramento, los que manipulan desde sus países en las cortes europeas, especialmente.

Esa es la triste y corta historia de miles de obras a lo largo y ancho de América Latina, que son presentadas con bombos y platillos por los gobernantes y que a la postre no se ven las infraestructuras nacionales. Lo peor es que los nombres de las empresas multinacionales de la construcción se repiten en todos los países y con el mismo modus operandi, sin que las autoridades de vigilancia y control puedan someterlas a cumplir con lo contratado. Ese cartel de la construcción multinacional es un asunto que se ha visto de manera aislada, pero si se revisa la actuación de esas empresas en Guatemala, Panamá, Colombia, Brasil o Perú, se ve con claridad que es un mismo estilo, incluso, copiado o calcado por las firmas locales, que también se han ido especializando en invertir más en abogados que ganan licitaciones, abogados que demandan a los Estados y abogados de renombre que garantizan ganar en los tribunales internacionales o sacar importantes indemnizaciones.
En Colombia, el contralor Felipe Córdoba y el procurador Fernando Carrillo están tirando la pita de este asunto macabro, de esta nueva manera de actuar por parte de las multinacionales de la construcción y, conjuntamente, están adelantando con sus pares en la región acciones que contrarresten esta situación, como es la elaboración de listados de constructoras malintencionadas y dañinas que literalmente se roban los recursos escasos destinados a la infraestructura de los países. En el caso colombiano, hay muchos recursos manejados por la Agencia de Defensa del Estado en costosos bufetes de abogados para que defiendan los intereses nacionales, en lugar de ir a lo que más se necesita que son carreteras para avanzar en la competitividad del país.

Córdoba y Carrillo le han salido al paso al cinismo de la brasileña Odebrecht, de querer sobornar al país con US$30 millones para que haya una suerte de “borrón y cuenta nueva”. En pocas palabras, comprar los principios éticos de las entidades de control y vigilancia por unos millones y de paso dejar en el olvido los daños al país por más de US$1.300 millones. No es un asunto de plata; es un tema ético sobre el cual se debe construir una manera de hacer las cosas en Colombia y América Latina, región que se debe liberar de las constructoras especializadas en ganar obras, nunca hacerlas y demandar los países.