La Procuraduría se mete de lleno al caso Interbolsa y parte la situación soplando sobre el fuego de las responsabilidades
Muchos aplauden la decisión de la Procuraduría General de la Nación de abrir pliegos al superintendente Financiero, Gerardo Hernández, por el caso de Interbolsa y a cinco de sus colaboradores. Ha sido una decisión estratégica y muy audaz que pone a los funcionarios públicos implicados en el escándalo, en la misma posición legal de los supuestos defraudadores de cuellos blanco. Ahora se corre en riesgo que el proceso en el ministerio público vaya más rápido que en la misma Fiscalía General en donde se investigan los delitos en que incurrieron los principales protagonistas del sonado caso. Puede suceder que primero se destituya a un funcionario público de muy alto nivel que dejó la observancia de la regla de lado, que a los responsables de quebrar sociedades, empresas y quedarse con el dinero de inversionistas.
No se trata de visibilizar un caso de la justicia al revés. Estamos hablando de la sincronización de las acciones del Estado. Estamos seguro de que con la decisión del Procurador se desencadenarán una serie de multimillonarias demandas en contra de las Superintendencia Financiera por no haber vigilado a fondo a Interbolsa, por haber permitido que un superintendente delegado y ex empleado de la firma, se pasara al lado público -con claros intereses- para vigilar operaciones dudosas, y porque en términos generales nunca cumplieron con la misión de control y vigilancia. Es una jugada de presiones jurídica de poderosos bufetes de abogados que se focalizan en conseguir resultados ligeros que enreden los casos y los retarden hasta que la opinión pública esté cansados de ellos.
El caso explotó los primero días del noviembre pasado y es la Procuraduría la primera entidad que le camina rápido al tema en contra de los funcionarios públicos como es su deber. Una acción de control que deja al descubierto que en Colombia existen vicios institucionales como son las inhabilidades aún sin vigilancia. Muchos so los servidores públicos que deben declararse impedidos para ser árbitros y jugadores importantes en algunos sectores clave de la economía. Le corresponde ahora a la Fiscalía mover fichas para que haya coherencia en la jugada del Procurador y de los abogados cercanos. El tema no es fácil, pero es como si primero hubiesen castigado a la Policía por no vigilar una cuadra que a un ladrón por haber robado.
Insistimos en el conflicto a muerte que puede desatarse entre las entidades de control y vigilancia azuzada por firmas de abogados en beneficio de los acusados principales. Ojalá la investigación ‘integral’ del caso Interbolsa avance sin hechos noticiosos que pueden desviar la atención del meollo del asunto. Se necesita mucha responsabilidad y poca política.
