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Es urgente estudiar una reforma al sistema de regalías para hacerlo más ágil y que consulte la realidad de precios y las finanzas del gobierno.
Por enésima vez, el Gobierno anuncia la suspensión de los giros de recursos de regalías a distintas regiones por no tener la información sobre los distintos proyectos que se están llevando a cabo. En esta oportunidad, la decisión tomada por Planeación alcanza a 59 municipios de 21 departamentos del país. En otras oportunidades en las que el Gobierno ha tomado medidas en el mismo sentido, la presión de los entes territoriales y de los congresistas de esas regiones le ha ganado el pulso al Ejecutivo que termina cediendo a las pretensiones locales y obteniendo de nuevo el envío de los dineros sin cumplir los requerimientos. Mucho nos tememos que en esta oportunidad ocurra lo mismo, más si se tiene en cuenta que se ha entrado en la campaña para elegir los nuevos alcaldes y gobernadores y sería ingenuo desconocer que esos dineros públicos son un elemento clave en ese proceso político.
Nadie desconoce que la reforma a las regalías que arrancó con el Acto Legislativo 005 de 2011 y luego la Ley 1530 de 2012, entre otras normas, tiene el loable objetivo de distribuir mejor los recursos provenientes de la explotación extractiva, pues en el pasado las regiones productores recibían grandes cantidades de dinero que utilizaban en forma ineficiente en tanto que otros, fuera de ese ámbito, no recibían nada o muy poco. Nadie pone en duda la necesidad de ese equilibrio en el entendido que los recursos naturales son de todos y no de la región que ha recibido el premio de la naturaleza.
La reforma a las regalías se hizo cuando el país pasaba por un período de bonanza en los hidrocarburos y los minerales, muy distinto a la coyuntura que está atravesando ahora, cuando las cotizaciones internacionales, tanto del petróleo como de otros minerales, han descendido en forma dramática, lo cual sin duda afecta las finanzas. En ese orden, lo primero que se debe plantear es que los recursos de las regalías no pueden seguir gastándose en forma laxa y sin la información completa acerca de los proyectos que financian, para lo cual de deben establecer mecanismos estrictos, incluso el de perder en forma definitiva parte o todos los dineros no comprometidos. El ente territorial que no atienda la norma deberá recibir una sanción.
Pero se debe ir más allá en el diseño del modelo para hacerlo más eficiente dadas la situación actual de escasez. Las regalías no deben repartirse con el solo criterio de equilibrio regional, sino que se debe premiar a las regiones que se integren para realizar proyectos que trascienden las fronteras locales. Incluso, una parte de los recursos debería ir a financiar directamente proyectos nacionales, como es el caso de las vías de cuarta generación, programa que tiene un impacto no solo para que el país gane competitividad, sino que beneficia a las distintas zonas.
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