Las lecciones de asociarse con el Estado

La única empresa absolutamente privada que juega en las grandes ligas de las telecomunicaciones en Colombia es la mexicana Claro, el resto de jugadores tienen participación del Estado, bien sea a través de Coltel (la vieja Telecom) que aún tiene participación en Movistar y EPM, que lucha por liberarse de las obligaciones que le imprime haberse juntado con Millicom para desarrollar la empresa Tigo.

Todo comenzó hace dos décadas cuando apareció en el mercado un emprendimiento llamado Colombia Móvil, idea de los alcaldes del momento de Bogotá y Medellín, quienes eran los representantes legales de ETB y EPM, dueños del mercado de teléfonos de las dos ciudades más importantes del país y quienes con muy buen olfato decidieron explorar un negocio naciente, el de los celulares, internet y televisión; de tal manera que las dos operadoras públicas de telefonía fija se juntaran para intentar librar una guerra sin cuartel contra las novísimas Comcel y Bellsouth.

Fue una buena idea, pero con pésima ejecución, no tuvieron la caja requerida para respaldar las inversiones que se venían por delante y Colombia Móvil fracasó estrepitosamente, al tiempo que encontró en la multinacional sueca, Millicom, un socio interesante que la capitalizó.

La ETB partió cobijas y salió de la naciente Tigo en buen momento; dejó solos a EPM y Millicom, quienes desarrollaron UNE. La primera enseñanza es que el negocio de las telecomunicaciones requiere mucho dinero para ser competitivo y que el frenesí de los cambios tecnológicos necesita no solo una excelente operación administrativa y financiera, sino gran infraestructura, caja millonaria y estar en permanente innovación.

El cambio de gobiernos municipales y de ideas políticas en Medellín hizo que las permanentes capitalizaciones por las constantes pérdidas dependieran no solo de unos alcaldes díscolos, sino de un Concejo de Medellín populista, desinformado y politiquero, características que llevarán a que EPM pierda mucho dinero en esa aventura de ser jugador en la telefonía celular cuando el dinero público lo necesitaba para otros negocios más estatales en donde la fortaleza fuese la regulación y el monopolio. Otra lección es esa: que asociarse con el Estado es una lotería, pues los funcionarios cambian en cada elección y cada uno tiene ideas propias; cambian las reglas de juego y no cumplen compromisos.

La seguridad jurídica entra en juego porque nada le garantiza a un inversionista que los presidentes, alcaldes o gobernadores cumplan lo pactado con sus antecesores. Hay muchos casos que entran en revisión y en estado de alerta por lo que pueda pasar con Millicom y EPM, Enel y el Grupo Energía Bogotá, Telefónica de España con Coltel, entre otros matrimonios menores en el sector energético y la infraestructura.

El Estado debe ser mínimo y existe para arbitrar, regular y garantizar el cumplimiento de las leyes, no en vano la carrera espacial, tecnológica y energética hoy está en manos de grandes corporaciones que solo necesitan del Estado las seguridades mínimas como es la tributaria, jurídica, orden público y plena responsabilidad social y sostenible.

Pretender revivir Telecom, Carbocol, Foncolpuertos y el Seguro Social es un anacronismo a la luz de los que está pasando en el mundo desarrollado. Los gobiernos siempre son voraces en un Estado tan regulado como el colombiano, de allí a tener claro que las entidades públicas no siempre son buenos socios.