Las dos razones de peso para la descertificación

Es difícil negarle al mundo que Colombia navega en cerca de 300.000 hectáreas sembradas de coca y baila al son del lavado de activos y el contrabando, delitos que pueden alcanzar 4% de un PIB de US$400.000 millones, es decir, que el peso de las economías subterráneas alcanza a llegar a los US$16.000 millones en la economía colombiana, un dinero similar o superior al que ingresa anualmente por remesas (US$13.000 millones), la venta de petróleo (US$15.000 millones) o la cosecha anual cafetera (US$4.000 millones).

Y esa realidad no solo se evidencia por las miles de hectáreas, que hoy son más productivas y superan al banano (200.000 hectáreas), el aguacate (200.000 hectáreas) y la papa (180.000 hectáreas), sino por la opulencia en pueblos perdidos del Pacífico y ciudades epicentro del “aire traqueto”, que se plasma en los lujosos centros comerciales sin clientes ni ventas, hoteles sin huéspedes, desfiles de Ferrari y todo ese ambiente narco que el país había olvidado y que los más jóvenes solo veían las series de narcotraficantes por streaming.

Es evidente que la primera razón para que el gobierno de Estados Unidos raje a la administración de Gustavo Petro en el manejo de la lucha contra el narcotráfico es político porque su homólogo Donald Trump ha emprendido una guerra de hecho -literal y frontal- en el Caribe venezolano y colombiano en contra de la distribución de cocaína rumbo a Europa y Norteamérica.

Es la primera vez en la historia que el gobierno americano decide tomar por mano propia el ataque contra los traficantes en mar abierto, otrora solo se limitaba a entrenar militares, venderles armas a las repúblicas de Centro y Suramérica, asesoría tecnológica y beneficios en el mercado estadounidense para los productos agropecuarios identificados, que “supuestamente”, remplazarían el cultivo de hoja de coca en las zonas marginadas.

La segunda razón -la más negada por los mismos colombianos- se ve en los noticieros y periódicos todos los días, cuando comunidades organizadas secuestran policías y militares que cercan sus cultivos, capturan o dan de baja a los líderes cocaleros, hoy guerrilleros, bajo la difusa franquicia de disidencias.

Es simple para el gobierno americano identificar los argumentos de la descertificación: un Estado que no colabora en la lucha contra los narcos y los cultivos, y unos focos muy precisos de verdadera captura regional del narcotráfico, como es la aterradora y creciente geografía de la hoja de coca. Pueblos enteros no vergonzantes del delito que cometen y unas autoridades sin medios materiales ni económicos para confrontar esa dura realidad.

De la descertificación, en esas dos líneas, son responsables las mismas instituciones económicas que no han cuantificado a ciencia cierta el peso del narcotráfico en el PIB en las economías regionales; hay estudios no actualizados en la academia, pero llegará el momento, si las cosas se mantienen de esta manera, que el PIB deberá medirse con economías subterráneas o solo, pues el peso será enorme, máxime si se le suma la minería ilegal, la prostitución, las webcamer, el contrabando, y por qué no, la corrupción.

Malo para el país que la descertificación se sume a la pérdida del grado de inversión. Mucho trabajo por delante tiene el centenar de candidatos a la Presidencia para arreglar el país económico, político y social que está en franca descomposición si no hay un torniquete cívico que entienda la magnitud de los problemas.