Las cuentas de cobro de las protestas sociales

La noticia del año en América Latina no es otra distinta que la protesta social que ha llegado a casi todos los países independientemente del modelo económico que lo rija. En Argentina hay un regreso estridente del peronismo; en Ecuador un retorno del correísmo que ha llegado a tumbar iniciativas gubernamentales; en Perú se disolvió el Congreso sembrando una nube de incertidumbre sobre la débil gobernabilidad y Chile alista fuertes reformas a su Constitución para salirle al paso a la inconformidad social creciente. Obviamente, Colombia no es la excepción a la regla y el presidente, Iván Duque, ha tenido que sortear cada dos días un reclamo que ahora llega en contra de cualquier reforma estructural.

El problema es que no hay una receta para salir de esta temporada de protestas que ponen en riesgo no solo la gobernabilidad sino la institucionalidad misma con las consecuencias para el crecimiento económico. Los indicadores de riesgo apenas están cambiando a la baja y la región es ahora menos atractiva para la inversión externa y hay una clara inseguridad jurídica. Por ejemplo, el riesgo país de Chile -medido por el índice Embi de JP Morgan- subió de 133 a 139 puntos básicos. “La percepción de riesgo de Chile por parte de los inversionistas extranjeros se deterioró aún más con el anuncio del gobierno de un proceso para desarrollar una nueva Constitución (...) El CDS indicador que mide el costo de asegurar la deuda de cada país, marca 42 puntos, 10 puntos por encima del observado antes de que se desatara la crisis en Santiago y otras regiones”. Por el lado de Argentina el riesgo país escaló aceleradamente, desde 872 hasta 2.413 puntos. En Perú, pocos días después de la disolución de su Congreso, su riesgo pasó de 108 a 116 puntos básicos. En el caso de Bolivia que es una de las economías más pequeñas, las cosas son peores y con la incertidumbre generada por las elecciones y la huida de Evo Morales, el país ha regresado a épocas oscuras en las que no es una economía atractiva para ningún inversionista.

El gran problema para los países protagonistas o escenario de las protestas sociales no es otro que no tienen cómo atender las reivindicaciones de los grupos reaccionarios que piden por ejemplo mayor igualdad. Los impuestos han ido en aumento en todas las naciones y ha mejorado la capacidad del Estado de recaudo, pero el dinero sigue siendo muy escaso para atender la inversión social y los subsidios que se piden. El gran problema es que para poder hacer inversión social se necesita dinero público que solo se deriva de unos impuestos que nadie quiere que se aumenten, lo que se convierte en un círculo vicioso que aleja cualquier punto razonable de encuentro de ideas oposicionales. Para poder atender todas las peticiones hay que crecer la economía a ritmos superiores a 5% anuales, lo cual es imposible sino llega una inversión externa que le apueste al país y para ello el grado de inversión es la llave para que esto suceda y, en medio de tanta protesta y peticiones indiscriminadas de subsidios y el freno del crecimiento de sectores neurálgicos para la economía, es más que imposible. La solución es llegar a un proceso de concertación social y de sensibilización sobre los verdaderos costos de llevar las riendas de países no sólo en vía de desarrollo sino desintitucionalizado por fuerzas externas.