Las consultas previas deben tener plazos

Uno de los asuntos que más ha afectado el desarrollo de proyectos de infraestructura y la explotación de los recursos naturales es la indefinición de la participación de las minorías asentadas en rutas de proyectos o en zonas donde existen yacimientos. La razón es que la Constitución de 1991 y acuerdos firmados establecen que la explotación de los recursos naturales se deberá hacer sin desmedro de la integridad cultural, social y económica de las comunidades y que en las decisiones que se adopten, el Gobierno propiciará la participación de los habitantes. Ese precepto ha sido ratificado por varias sentencias de las cortes y tribunales que son de obligatorio cumplimiento en el sentido que la consulta previa es un derecho fundamental que tienen las comunidades cuando se toman medidas, legislativas y administrativas, o cuando se vayan a realizar proyectos, obras o actividades dentro de sus territorios, buscando de esta manera proteger su integridad cultura, social y económica y garantizar el derecho a la participación.

Sin embargo, casi 25 años después, el asunto no ha sido reglamentado y han surgido enfrentamientos que impiden los proyectos, incluyendo la aparición de grupos de presión para “sacar ventaja” de la situación e incluso personas inescrupulosas lo han convertido en un negocio bajo la premisa de la defensa de los intereses de los afectados. En varias oportunidades se han denunciado carteles que extorsionan a las empresas y a las mismas comunidades. En los términos anteriores, las señales contra la inversión privada no han sido favorables, pues los actores que pretenden adelantar las obras no entienden por qué no hay una reglamentación adecuada, y lo más increíble, por qué en más de dos décadas no se han tomado medidas.

El Gobierno ha iniciado el trámite para llevar al Congreso de la República un proyecto de ley, con definiciones específicas en temas como el proceso, obligaciones y derechos de las partes y el tiempo que debe durar la concertación de las comunidades. Sin duda que el tema no es fácil pues el lobby en el legislativo será grande y los intereses de determinados grupos harán muy difícil el trámite de cualquier iniciativa. En esto, lo primero es aplaudir la intención oficial, pero se debe partir de unas ideas básicas que permitan una definición y que no lleven a alargar indefinidamente el mecanismo con una maraña de instancias burocráticas.  La idea para discutir es que la consulta esté ligada a la creación de la Agencia para el Diálogo Intercultural, que el gobierno de Santos está diseñando para ponerla en marcha luego de firmado el acuerdo de paz con la guerrilla en La Habana. Ojalá se avance en el asunto de las consultas, piedra en el zapato de la minería.