Las cámaras necesitan un revolcón

Las cámaras de comercio siempre han sido consideradas como un importante soporte al desarrollo regional, a la descentralización administrativa y dado su carácter privado, un apoyo al emprendimiento y desarrollo empresarial. Sin embargo, la realidad es que en los últimos años esa vocación parece haberse desvirtuado en buena parte como consecuencia de la burocratización de sus administraciones, del accionar de grupos locales que a través de las juntas directivas pretenden manejar los intereses empresariales con fines poco claros y usar esa representatividad para poner los intereses personales por encima de los colectivos.

Por delegación del Gobierno, las cámaras de comercio cumplen funciones públicas, al manejar entre otros el registro mercantil, de turismo y sociedades sin ánimo de lucro y su renovación anual, recursos que entran directamente a sus arcas para su funcionamiento. Es un tema de debate que el Gobierno debería entrar a evaluar ahora que arranca la misión de expertos para modernizar el sistema tributario, analizando distintas opciones, radicales unas o intermedias otras, como que las empresas obtengan el registro automático con la constitución de la escritura en una notaría sin que se pierda la vigilancia de la SIC o que la renovación de la matrícula no se haga anualmente sino cada vez que se modifica la estructura.

Ahora bien, con la idea de mejorar su gobernabilidad, el Gobierno promovió hace dos años una reforma que aprobó el Congreso y que fue aplicada para las elecciones que se realizaron en diciembre para conformar las juntas directivas. Uno de los mecanismos fue la depuración del censo de inscritos aptos para elegir y ser elegidos en las juntas directivas. En general, la experiencia fue satisfactoria y la SIC mantiene la vigilancia para evitar maniobras como las ocurridas hace dos años en Barranquilla, Bogotá, Villavicencio e Ibagué, pese a las intenciones de juntas de continuar con las prácticas no legales, como pasa en la capital del Tolima, que llevó a la Súper a abrir pliego de cargos a seis de sus miembros. Sobre este y otros casos no debe haber contemplación alguna del ente regulador, incluyendo su intervención, si se quiere recuperar la imagen y bondades del sistema cameral.

Por encima de las consideraciones puntuales parece llegado el momento de producir un cambio en el modelo de cámaras, que incluya evaluación de su gestión, utilización de los recursos públicos e inversiones y programas que realizan, en el entendido que parecen estar siendo utilizadas para fines distintos a su concepción, como que gobernaciones y alcaldías eludan las normas de contratación pública a través del esquema de convenios, ser instrumentos de proselitismo político y pago de favores, lo que explica la apetencia para alcanzar un cupo en las designaciones que hace el gobierno o el sector privado.