La regla fiscal de caucho, daña más que mejora

Las reglas son para cumplirlas, dice el adagio popular, o para romperlas si las circunstancias así lo dictan o ameritan. Ese parece ser el dilema del Comité Consultivo de la Regla Fiscal que analizará la posibilidad de flexibilizar la regla fiscal ante las consecuencias fiscales ocasionadas por la migración venezolana.

La llamada regla fiscal nace bajo el marco de la Ley 1473 de 2011 con el imperativo de reducir el déficit desde 3,1% en 2018 a 2,4% del PIB este año, posteriormente lo reducirá gradualmente a 1% del PIB para 2027. Tal como marchaban las cosas en la economía, todo parecía indicar que la administración Duque lo lograría sin problemas, pues la temprana Ley de Financiamiento y la carga tributaria del Plan Nacional de Desarrollo acercarían al país a estas metas, pero el costo de la migración venezolana en Colombia está entre 0,2% y 0,6% del PIB, lo que obliga al Gobierno a revisar las arcas nacionales.

La llamada regla fiscal es un gran avance de los distintos gobiernos, pero tiene una “cláusula de escape”, que permite flexibilizar las metas e ir postergando los compromisos macroeconómicos. Dice dicha cláusula que podría suspenderse la regla fiscal si un acontecimiento extraordinario pone en peligro la estabilidad macroeconómica del país, como es en este caso la atención humanitaria a los venezolanos que escapan del fallido modelo económico, político y social de Venezuela.

“En el caso de eventos extraordinarios, tales como Estados de Excepción, situaciones de desastre o de catástrofes naturales, que afecten de manera grave a la economía, el Gobierno Nacional podrá suspender transitoriamente la aplicación de la regla fiscal planteada en la presente ley, previo concepto del Confis. Igualmente, podrá suspender su aplicación ante una situación grave que comprometa la estabilidad macroeconómica del país”; en pocas palabras la norma existe y seguramente será la que recomiende el Comité que actúa como consejo de expertos independientes y determina la trayectoria fiscal del gobierno central para la próxima década; además, el grupo asesora al Gobierno en temas técnicos y verifica el cumplimiento de la regla fiscal cada año.

La decisión de flexibilizar la regla no tomaría por sorpresa a organismos como la Ocde y el Fondo Monetario Internacional, que han estado de acuerdo con relajar la regla a raíz del impacto fiscal proveniente de la migración, pero al final el resultado en las cuentas fiscales sería la misma, una cruda realidad que otros organismos multilaterales podrían castigar, pues las cuentas en un balance frío y locuaz serían el reflejo de la situación económica del país, sin importar si esa situación es ocasionada por una razón externa. Es una suerte de circunstancia de explicarle a un banquero por qué se quebró una empresa o una persona; la situación clara es la quiebra y las cifras en rojo, y otra, las causas. El caso colombiano no es para tanto, pero sí sería un pésimo mensaje para las calificadoras de riesgo que sólo miran los resultados objetivos de un ejercicio financiero y lo que depara el futuro.

A algunos países europeos, ante la crisis de refugiados, se les permitió el uso de la cláusula de flexibilidad y un retraso en sus compromisos de ajuste fiscal. Pero una cosa son las que dicen las organizaciones y otras las firmas de riesgo que revisan el grado de inversión.