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Antes de que termine el año, el Gobierno debe presentar la reforma laboral que tanto ha prometido y que no solo debe hacer andar el trabajo por horas, sino bajar la informalidad
El país económico, político y social debe reducir a sus mínimos posibles el número de trabajadores informales, al mismo tiempo que debe ir formalizando muchos negocios sin Dios y sin Ley que se han convertido en un desangre para las finanzas locales, regionales y nacionales, y que son una pésima competencia para las empresas y negocios que sí pagan impuestos.
Sin ir más allá, la gran enfermedad de la economía colombiana es la informalidad en todos los aspectos, dimensiones y sectores económicos que no solo no contribuyen legalmente a las arcas nacionales, sino que albergan muchas actividades ilícitas que encuentran en los negocios callejeros y de garajes, una manera de lavar el dinero obtenido de los ilícitos. Las permanentes reformas tributarias han buscado maneras de formalizar esos negocios y poco a poco se ha ido avanzando, pero en el frente que se ha perdido la batalla es en la informalidad laboral que pulula en las calles aupada por la migración venezolana que crece con la complicidad de los mismos trabajadores que ven en esa forma de ganarse la vida dinero fácil sin deducciones.
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística reveló que en el trimestre móvil junio - agosto el número de informales llegó a 5,6 millones, 47% de la fuerza laboral. Eso quiere decir que hay 12 millones de ocupados, 6,3 millones formales y 5,6 informales. Los hombres ocupados informales son 43,6%, mientras que esta proporción para las mujeres es superior, 48,5%.
El paradigma entre formalidad e informalidad tiene que ver con las deducciones legales para cotizar a los sistemas de seguridad social, pensiones, salud, vacaciones y riesgos profesionales. Muchos trabajadores aún creen que recibir más dinero junto sin los beneficios del bienestar social y la seguridad social es mucho mejor, pues privilegian cantidad de dinero por beneficios en momentos difíciles, las vacaciones o la pensión.
Un cuidador de carros en la calle, un vendedor ambulante de comestibles o mercancías, un taxista por su cuenta o un simple limpiador de vidrios en los semáforos prefiere su estado de informalidad que afiliarse a una empresa o trabajar en otras condiciones, pues sus ingresos son más altos y el mismo Estado le brinda soporte en salud pública cuando ellos lo requieran. En pocas palabras no es negocio ser formal porque no hay incentivos reales y algunas empresas tienen en los informales sus canales de ventas y producción más exitosos sin que las autoridades hagan algo por sancionarlas.
La población ocupada afiliada al sistema de seguridad social en salud y cotizante a pensión es de 91,7% de los ocupados en las 13 ciudades y áreas metropolitanas; cifra que ha presentado una disminución de 0,5 puntos porcentuales frente al mismo periodo del año anterior cuando fue de 92,2%. Cúcuta tiene la mayor tasa de informalidad, con 73,3%; Sincelejo tiene 65% y Santa Marta 64,8%. En contraste, Bogotá tiene 39,4%, Manizales 39,6% y Medellín 40,8%. Pero las cifras solo son números para tomar decisiones y el país económico debe animar a los ministerios de Trabajo y Hacienda a hacer que la formalidad sea el camino del bienestar y no se siga incentivando desde el mismo Estado a las personas y las empresas que hacen del no pago de impuestos su fórmula de éxito en los negocios.
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