Hay que legislar sobre el cabildeo

Los tristes sucesos que han puesto en la picota pública a la Corte Constitucional y por ese camino la justicia, han destapado algo que es ya común en la vida nacional y es protagonizado en los centros de decisión y poder, desde hace ya algún tiempo sin recato alguno e incluso utilizando herramientas poco ortodoxas: es el lobby o cabildeo (en español) para obtener el favorecimiento en decisiones que favorezcan a determinados intereses particulares o sectoriales. Desconocer ahora y tratar de sorprenderse de esa realidad no es solo ingenuo, sino una actitud farisea que en nada ayuda.

En otros países el lobby está permitido y está reglamentado, de manera que quien la ejerce sabe muy bien sus alcances, pero también sus limitaciones. En nuestro caso, el ejercicio se hace no en forma clandestina, pero tampoco en un forma abierta y pública que permita identificar los intereses que se mueven a su alrededor. La práctica se ha extendido sin control alguno en nuestro país en una forma peligrosa, pues trasciende el ámbito meramente formal de dar a conocer un argumento o una razón para que se tenga en cuenta al tomar una decisión, sino que se busca acceder a esas instancias para hacer ofrecimientos que van más allá de las normas legales y que constituyen acciones violatorias.

Congreso, ministerios, organismos de control, superintendencias, entes como la Dian, la Fiscalía, los tribunales y las cortes, gobernaciones y alcaldías, entre otros, reciben a diario profesionales que van tras un fin específico, no con la intención de transgredir la ley, pero su trabajo debe ser transparente. Para ello, parece haber llegado el momento de adoptar normas que permitan conocer hasta donde cabe ese ejercicio, sobre qué actividades se puede ejercer y sobre las cuáles hay limitaciones.

En el caso de los temas económicos, el cabildeo tiene especial relevancia, pues la defensa de los legítimos intereses particulares o sectoriales no necesariamente coincide con los de la sociedad, que van más allá de las meras consideraciones de racionalidad económica o de maximización de las cajas registradoras, pero no por ello dejan de ser válidos y aceptados. En el caso de los intereses colectivos, el equilibrio que acerca los extremos es fundamental para lograr equidad o protección.

Pero una cosa es esa, que se hace públicamente, y otra es ver a sus exponentes recorriendo pasillos, en las oficinas de los despachos judiciales y los ministerios. Los funcionarios técnicos de rango medio, encargados de hacer los estudios e investigaciones que sustentan las medidas oficiales se sienten presionados por personas, quienes no pocas veces dejan entrever que tienen cercanía con las máximas instancias o que están dispuestos a entregar dinero.