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Los tenedores de las tierras en donde hay cultivos ilícitos deben ser responsables, hay herramientas para quitar estas propiedades
La formación ética y la idea de delito, son los dos temas ausentes a la hora de tratar de resolver los cultivos ilícitos. Los colombianos le hemos venido sacando el cuerpo a este flagelo del sector agrario y logramos llevar las discusiones a asuntos políticos como la guerrilla, el paramilitarismo, el narcotráfico, la pobreza, la competitividad y hasta a la falta de infraestructura. Pero la explosión de los cultivos ilícitos no es otra que la ausencia de ética y de pobre concepción de delito que tienen los propietarios y administradores de las tierras destinadas a ese dañino fin.
En Colombia no se ha podido llevar a ningún finquero o propietario de tierra ante los tribunales por cultivar coca, amapola o marihuana porque no es un delito mayor. Y está claro que hay complacencia por parte de los tenedores de tierras cuando en sus predios hay cultivos prohibidos. Con la marihuana ya hay un camino a seguir y es que puede justificarse su cultivo para fines medicinales, pero se deben conseguir una serie de permisos por parte del Estado para poder tener un marco legal. Con los cultivos de coca, las cosas son distintas, y no hay luz al final del túnel para que ocurra lo mismo que con la situación de la marihuana, que está a un paso de ser legal en su totalidad, tal como sucede en varios países desarrollados.
Las autoridades centrales y los medios de comunicación entraron en alarma al conocerse que los cultivos ilícitos siguen creciendo, alimentando la máquina del narcotráfico que con su aparato bélico sigue desangrando ciudades y dañando generaciones completas con la idea del lavado de activos y el dinero fácil. Se sabe que el mercado de tráfico de estupefacientes -según datos de la Oficina de Drogas y Crimen Organizado de Naciones Unidas- mueve US$300.000 millones al año, una fuente de ingresos que ha movido una buena parte de la economía clandestina de Colombia desde hace unos 50 años.
Así como unos padres de familia responsables, un colegio con valores y una universidad enfocada en lo social, velan porque los más jóvenes no caigan en el problema de la droga (consumo y distribución), en contraprestación no hay campañas, como tampoco castigos, que trabajen con los dueños de las tierras donde hay extensas plantaciones de coca y amapola. Hay poca atención ética y de valores al propietario quien solo justifica sus cultivos dañinos escudado en que no es competitivo producir frijol, maíz o cualquier otro producto legal. Así como en la ciudad puede intervenirse una casa en donde se expenda droga, las autoridades deben poder confiscar una finca en donde se encuentren cultivos de coca. Se supone que toda la tierra en Colombia tiene dueños o está escriturada a alguien (el Estado entre ellos), lo cual facilita los procesos de extinción de dominio al dedicar estos bienes al daño de la sociedad. Soluciones las hay, pero no hay voluntad política para resolver el problema de los cultivos ilícitos.
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