Es urgente vender algunos activos del Estado

Hace un año el Ministerio de Hacienda presentó un plan para desprenderse de activos estatales hasta por $6 billones, lo que representaba en ese momento cerca de 0,6% del PIB, una idea polémica para muchos, pero que ahora se convierte en un imperativo para empezar a mejorar las finanzas públicas comprometidas con las millonarias ayudas a los sectores más afectados durante la crisis originada en el covid-19.

La Nación tiene participación en 105 empresas que valen $170 billones, valor que ha ido variando con el paso de los días, no obstante, lo más valioso sigue siendo el 8,9% ya aprobado en venta en Ecopetrol; 51,41% de ISA; 73,37% de la Financiera de Desarrollo Nacional; 65,34% de Finagro; 40,57% de Telecaribe y 20,47% en Corabastos, entre otros activos muy interesantes.

El tema viene a colación porque los empresarios y los beneficiarios de ayudas directas deben saber de dónde está saliendo el dinero; un dinero escaso que mengua si no se aumenta el recaudo. La estrategia de seguir endeudando al país en más de 60% del PIB puede ser temerario y condenar a las futuras generaciones al colapso, pues los bajos presupuestos nacionales no aguantan un servicio a la deuda tan alto.

La Ley de Financiamiento reaprobada solo logró cubrir unos $7 billones del faltante de $14 billones para el año pasado y para este 2020, pero ya hay que empezar a mirar de dónde se pueden generar nuevos ingresos, además de priorizar el gasto comprometido.

Es urgente que el Ministerio de Hacienda retome el plan de ventas de activos estatales no estratégicos. Hay participaciones nacionales, pero los municipios o los departamentos también son dueños de algunas empresas que pueden pasar a inversionistas privados y no solo darle caja al Gobierno Nacional, sino refundar compañías que en manos públicas han mostrado ser más ineficientes.

Es el momento de movilizar recursos para que los utilicen en infraestructura, salud, educación y para pagar la creciente deuda externa que se viene. El Estado tiene participación en sociedades portuarias, en terminales de transporte, canales regionales, hidroeléctricas y hasta hoteles. No hay razón para que sigan en manos del Estado empresas como Artesanías de Colombia (86%), Electrohuila (83%), Electrocaquetá (72%) o TV Andina (71%).

Ojalá todos los ministerios se pongan en esta tarea para ayudar a que el plan de ventas no estratégicas e improductivas salgan a subasta en lo que resta del año. El Ministerio de Transporte que cuenta, con 34 estatales; el de Hacienda, 29; Agricultura, 13 y TIC, 10. Otros como Minas y Salud tienen cuatro; Comercio e Interior, tres; Vivienda, dos y finalmente Trabajo y Planeación, cuentan con una. Hay mucha tela por donde cortar, pero es necesaria la voluntad política de cada uno de los ministros.

El Gobierno Nacional ha descartado de tajo una nueva reforma tributaria enfocada a recaudar más impuestos ante la creciente necesidad de ayudas que requiere la economía, pero es inevitable que además de los préstamos que ha anunciado para financiar la crisis y no dejar que la economía colapse más allá de un decrecimiento pronosticado superior a 6%, es el déficit fiscal el asunto que dejará profunda huella en la década venidera. El palo no está para hacer cucharas y es un imperativo que a la venta de activos no se le pierda más tiempo y no se deje que las empresas pierdan más valor.