Una guerra arancelaria entre pobres

Ni Donald Trump se atrevió a tanto en su día de la liberación, cuando le puso aranceles a todo el mundo y luego tuvo que desmontarlos por presión de sus empresarios y de las familias consumidoras. El joven presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, ya va en 50% de aranceles impuestos a los productos que empresarios y comerciantes nacionales le venden a sus vecinos, entre los que se destacan medicamentos, carros, electricidad, cosméticos, materias plásticas y manufacturas; artículos baratos que no superan los mil millones de dólares, pero que mantienen viva una frontera porosa -llena de narcotraficantes de lado y lado- de unos 600 kilómetros, habitada por algunas de las personas más pobres, tanto de Colombia como de Ecuador.

La guerra arancelaria de Noboa contra Petro es tan ridícula como la que una vez emprendieron los mismos ecuatorianos contra los peruanos, por allá en 1995, por la cordillera de El Cóndor. Es un juego en el que todos pierden y que, por más bravos que se pongan los presidentes de turno, siempre terminará dándole la razón a los consumidores. Ecuador es un país dolarizado, con fuertes relaciones comerciales en dos pasos fronterizos con Colombia: San Miguel e Ipiales, regiones que hasta ahora están conociendo el desarrollo de las infraestructuras, pero a las que aún les hace falta la presencia institucional.

Fue Ecuador el que eliminó la Base Militar de Manta, que tenía apoyo estadounidense, decisión que explotó la presencia de narcos en la provincia de Esmeraldas; y si a eso se le suma el desgreño colombiano en el suroccidente, más aún en el Pacífico, pues toda la región es un caldo de cultivo. Lo irracional es que los presidentes quieran arreglar el desgreño binacional con más aranceles, olvidando que solo el desarrollo económico, el comercio y el libre mercado solucionan las precariedades.

Lo que deberían es sentarse a trazar un plan de desarrollo petrolero, energético y turístico binacional, no actuar como si fueran naciones potentadas. El PIB ecuatoriano no supera los US$130.000 millones, poco más del que suma Bogotá, unos US$120.000 millones; de allí que los países deberían sentarse como gente madura del siglo XXI y trabajar juntos contra la delincuencia y por el desarrollo económico de los departamentos de frontera.

Mientras la Unión Europea celebra que avanza su acuerdo comercial con Mercosur, los ecuatorianos y colombianos solo piensan en enfrentamientos anacrónicos que solo los pagan las familias de lado y lado. Ahora que se avecina el cambio de gobierno en Colombia, los candidatos deberían diseñar un plan comercial, político y de cooperación que beneficie a los 52 millones de colombianos y a los 20 millones de ecuatorianos: son más de 70 millones de personas que necesitan ver a sus gobernantes trabajando en un futuro mejor.

El comercio de bienes entre ambos no supera los US$2.000 millones anuales; la eliminación de todos los aranceles, la reducción de barreras no arancelarias, la mayor previsibilidad jurídica y la convergencia en estándares regulatorios llevarían la frontera sur de Colombia a otro nivel y serían la verdadera lanzadera de los bienes y servicios nacionales hacia mercados como Perú y Chile. Es un imperativo que los candidatos hablen del tema, no solo por su pertinencia en materia de seguridad, sino del comercio como arista de progreso de dos naciones en las que no tiene sentido estar peleando por cosas de sentido común.