El presupuesto más alto de la historia

El MinHacienda tiene planeado presentarle al Congreso un Presupuesto General de la Nación (PGN) cercano a los $635 billones. A la tasa de cambio actual promediada, esta cifra puede alcanzar los US$175.000 millones, convirtiéndose en el monto más alto en toda la historia de Colombia. La administración de Abelardo de la Espriella acierta al poner oficialmente este monto presupuestal en discusión del Congreso a menos de un mes de haber comenzado su mandato; esto es una muestra de poca improvisación y de un compromiso real por empezar a arreglar los estragos ocasionados durante los gobiernos pasados.

Los administradores salientes le habían dejado un boceto de presupuesto de $570 billones, una cifra por debajo de las necesidades nacionales y, además, alejada de la realidad que le sobrevino al mandatario con el terremoto que afectó a las capitales departamentales de Cali, Pereira y Quibdó. Esto, sin dejar de reconocer que hay graves estragos en más de 100 municipios y en una buena parte de la infraestructura agropecuaria de cinco departamentos. El viejo presupuesto correspondía a 27% del PIB, unos $21,4 billones inferior a la cifra incluida en el anteproyecto presentado en abril.

En contraste, en la propuesta para 2027 se destinarán $392,5 billones a los gastos de funcionamiento, $155,4 billones al servicio de la deuda y $86,9 billones a la inversión; de este modo, el proyecto ahora equivale a 30% del PIB. Es un hecho indiscutible que este terremoto, ocurrido al amanecer de un nuevo gobierno, se convierte en una oportunidad para reconstruir una región históricamente afectada por el desempleo, la delincuencia y la diáspora de connacionales al exterior.

La reconstrucción de las infraestructuras que reducen las precariedades sociales tiene costos muy altos, pero esto representa en sí mismo el cumplimiento de una promesa de gobierno: llevar a esa parte del país a otros niveles de desarrollo. Con terremoto o sin él, las inversiones en infraestructura, la nueva era de las concesiones y el desatraso en deudas sociales ya tenían un costo que se debe cumplir.

El nuevo gobierno no debe cometer el mismo error que los anteriores, los cuales, una vez presentaban el presupuesto anual, lo negociaban a puerta cerrada en un Congreso ávido del ejercicio del lobby con los gremios de la producción. Esa costumbre era claramente nociva para los intereses de los demás colombianos: entre el legislativo y el ejecutivo decidían dónde poner dinero y de dónde lo iban a sacar. Por lo general, terminaban financiando obras lideradas por los congresistas y barones electorales, pero pagadas por los empleados formales y las empresas. Tampoco los últimos gobiernos han atacado de frente la evasión de impuestos, que es la principal fuente por donde se drenan los aportes de los contribuyentes.

Esta es la oportunidad para que la Dian no sea inferior al reto de modernizar tecnológicamente la tributación mediante el uso de inteligencia artificial y el cruce de datos con otras entidades estatales. A Hacienda valdría la pena preguntarle cuántos de esos billones de pesos que componen el presupuesto saldrán efectivamente de sus campañas contra los evasores. El otro frente donde se pueden obtener recursos importantes para cambiar la cultura tributaria en Colombia es la informalidad. Esta, dicho sea de paso, puede reducirse si la cultura de la formalización y sus beneficios ganan terreno entre los emprendedores y los empresarios ya consolidados.