El Mintic tiene la palabra en la televisión

Ni las leyes ni las normas que hoy regulan la televisión en Colombia son claras, ni mucho menos están actualizadas a la vanguardia tecnológica y una muestra de ello es la crispación que se ha presentado por estos días entre las compañías que venden televisión por suscripción y los canales privados nacionales. El punto crucial es que los llamados cableoperadores, en su mayoría firmas multinacionales de la talla Claro, AT&T y Movistar, se niegan a pagarle unos $500 mensuales por suscriptor a empresas de medios colombianas, como RCN y Caracol, por el uso de sus contenidos informativos. La decisión es fácil si el Ministerio de las Telecomunicaciones y la Autoridad Nacional de Televisión tuvieran claro cuál es el modelo de negocio de los dos bandos privados en discusión, pero no es así; el Gobierno Nacional no ha hecho mucho durante los últimos años por avanzar en la reglamentación y darle al país un nuevo marco claro que evite este tipo de discusiones en las que siempre sale perjudicado el consumidor que paga por su televisión.

Los cableoperadores leen la norma de una manera individualizada, mientras que los canales privados actúan en consonancia del mercado y piden se les pague por un producto que cada día mejora más de acuerdo a las nuevas ventajas de la tecnología. Pero detrás de toda la disputa está que el consumidor colombiano de información por televisión por suscripción o abierta, tiene el derecho constitucional a acceder a dicha información en óptimas condiciones del mercado. Hay que recordar que toda persona puede conocer sobre la existencia y acceder a la información pública en posesión o bajo control de los sujetos obligados, y los canales privados ejercen ese derecho cabalmente y lo trasladan a una audiencia cada vez más exigente.

¿Por qué si los cableros le pagan por suscriptor a los canales privados de otros países, quieren que los locales les den su producto gratis? Es cierto que los operadores tienen ya un mercado de unos cinco millones de clientes, un target de excelentes ingresos que los canales buscan seducir o interpelar con el negocios de la publicidad, pero esa la disputa inherente al negocio de la televisión por pago en todo el mundo. El meollo del asunto está en que se deben sentar a negociar bajo unas condiciones expresas monitoreadas por la Superintendencia de Industria y Comercio que protege al consumidor y bajo un marco que debe actualizar el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. El asunto es espinoso por el peso económico de los jugadores que se enfrentan, pero para eso es el Gobierno Nacional: para entrar a regular, a dar las normas generales y los privados deben someterse a las reglas de juego, donde siempre debe ganar el consumidor.