El mal comienzo de la segunda tributaria de Petro

Casi simultáneamente cuando el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, radicaba el proyecto de ley de financiamiento para el presupuesto de 2025, que incluye una reforma tributaria, el presidente Gustavo Petro, escribía en su cuenta de X que “si el Congreso no aprueba el presupuesto, la Constitución dice que el Gobierno lo decreta. Como está desfinanciado se entrega al Congreso la ley de financiamiento, cuyo principal artículo es reducir el impuesto de renta a todas las empresas de Colombia, y más a la pequeña y mediana empresa; financiamos el desbalance con la sobretasa al petróleo y el carbón, la tasa al carbón, con el IVA a los juegos de suerte y azar, por internet y la reducción de exenciones. Si el Congreso la rechaza, entonces recortamos el gasto público sin tocar a los pobres y el gasto social”.

Una declaración que tiene varios tonos, en un momento en el que la conciliación debería ser la constante. Dice el Presidente que si el Congreso rechaza la nueva reforma tributaria, van a recortar el gasto público sin tocar a los más necesitados, quiere decir que pararán el país en su funcionamiento.

Es una suerte de zanahoria y garrote, pues el proyecto avanza en un pendiente que es bajar el impuesto de renta a las empresas. “La propuesta le permitiría pasar de una tarifa general de 35% a una tarifa ponderada de renta de 27,3% de forma gradual, acercándose al promedio regional. Colombia cuenta con una tarifa nominal que se ubica entre las más altas de la región y el mundo. En América Latina, Colombia tiene tarifas muy parecidas a Brasil (34%) y Argentina (35%). No obstante, el país tiene una tarifa nominal superior frente a pares del Pacífico como Chile (25% o 27%), Perú (29,5%) y México (30%). Esta condición aumenta la carga tributaria de las empresas, independientemente de que existan provisiones que reduzcan la base gravable, como es el caso colombiano. Asimismo, esta medida genera que, en especial en ciertos sectores, la tarifa de tributación efectiva se reduzca significativamente”.

La reforma propone implementar un esquema de tarifas marginales del Impuesto sobre la Renta para Personas Jurídicas con base en la renta líquida gravable, lo que reducirá progresivamente las tarifas a partir de 2025.

El garrote, en cambio, está por casi todos los casi 40 artículos de la nueva reforma, por ejemplo: volver de caucho la regla fiscal que le da licencia al Ministerio de Hacienda para gastar más dinero del que le ingresa. Esa propuesta inapropiada alejará al país de volver a tener grado de inversión, al menos durante una década.

También es una pésima idea subir la tarifa de renta a las personas naturales, además de aumentar el impuesto al patrimonio; dos propuestas que se ensañarán contra la clase media, acostumbrada a pagar el grueso de las tributarias.

Como están las cosas en el Congreso, será una larga y ardua discusión en la que se pone en juego el criterio y la probidad de los senadores y representantes; ya algunos sectores afectados preparan sus alfiles lobbistas para “negociar” artículo por artículo, incluso aparecerán otros dictados tributarios que siempre irán en contra de las empresas y las personas naturales.

Los trabajadores no tienen lobbistas ni capacidad de bloquear la Panamericana ni infartar las capitales, lo que siempre los hace vulnerables ante la inseguridad tributaria.