El alza del salario mínimo no debe superar 10%

El panorama laboral en Colombia indica que 2,4 millones de trabajadores ganan el salario mínimo, mientras que 11,3 millones de personas informales devengan menos de esa paga mensual, que, sumado el subsidio de transporte o conectividad, llega a $2 millones. Lo cierto es que la economía atraviesa uno de los momentos más difíciles de su historia reciente, signado por un déficit fiscal aún mayor que el registrado durante el año más crítico de la pandemia.

La no aprobación de reformas tributarias durante los últimos tres años obligó al Ejecutivo a endeudarse por encima de lo habitual e hizo que los gastos obligatorios del gobierno nacional se vieran golpeados por la injustificada alza salarial, que, dicho sea de paso, impacta más a las administraciones locales, regionales y nacional, pues una gran parte de sus trabajadores recibe la paga mínima.

Un recaudo tributario prácticamente congelado y unos gastos atados a la inflación han puesto el problema fiscal como el más grave por enfrentar en el mediano plazo. Dicho de otra manera, el pasado gobierno fue víctima de su propio invento, lo cual poco le importó, pues al subir los salarios 19% y 23% en los últimos dos años generó una situación fiscal muy mala para las arcas estatales y un grave perjuicio para las empresas, que son las que deben acondicionar sus modelos económicos para poder sortear un bajo crecimiento, la revaluación del peso, una inseguridad galopante, la inflación desbordada y un alto salario mínimo sacado del sombrero del populismo.

Los gremios del Consejo Gremial, que representan a los empresarios en la comisión encargada de acordar el ajuste del salario mínimo para el próximo año, no deben pararse de la mesa de negociación y tienen que evitar que las centrales obreras, que representan a los trabajadores, dilaten el acuerdo hasta finales de diciembre y que sean los ministros de Trabajo y de Hacienda quienes preparen un decreto que imponga el incremento de la paga mínima mensual para un crítico 2027.

La productividad del año que termina es casi la misma del año pasado; el Dane debe argumentarla y no debería ser superior a 1,5%, mientras que es casi seguro que la inflación no baje de 6%, porcentajes que sumados no alcanzan 8%, cifra que sería la ideal en términos de costo de vida esperado y para efectos de ajustes económicos.

No obstante, es casi un imperativo que la propuesta del sector productivo sea incrementar los salarios 8%, mientras que los sindicatos seguramente le apostarán a 15% sin mayores argumentaciones, salvo la comparación de que en este 2026 el alza fue de 23% y el año anterior de 19%, y de que el costo de vida ha sido el mismo el último par de años.

Lo peor que le puede suceder a la discusión salarial es llevarla a una cifra piso, puesta por los empresarios, y otra techo, defendida por los sindicatos. No se trata de zanjar en el número promedio, como dicta la razón; el objetivo es lograr un pacto salarial por un par de años al 10% hasta que el crecimiento económico supere 3%, el déficit fiscal esté en 4% y la inflación se encuentre en el rango meta del Banco de la República.

El programa que busca adelantar el gobierno nacional con el FMI podría ser el articulador de un pacto salarial a dos años, con el objetivo de alcanzar una estabilización de la economía que permita enderezar el rumbo y aumentar los presupuestos de inversión del gobierno central y de las empresas, pero, sobre todo, comprometerse a no caer en el populismo con alzas del mínimo sin argumentos técnicos y con claras consecuencias en el costo de vida, planteamiento que ha expuesto la junta directiva del Banco de la República al ver que ya lleva seis años sin alcanzar la meta de inflación propuesta.