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No es tarde para analizar el resurgir de paramilitares, forma de bandas criminales que siguen usando metodos mafiosos para atemorizar
Hay que destacar sin reparo la reacción del Gobierno de poner en marcha un plan contundente que enfrente sin contemplaciones al reto que de una forma osada e increíble le ha puesto una poderosa banda criminal, que a decir verdad no es la primera que ocurre en nuestro país una situación de ese tipo, pues solo basta recordar lo ocurrido hace un tiempo con los carteles del narcotráfico que usaron estrategias similares con la falsa idea de acorralar a la sociedad o creer que el Estado iba a ceder a sus pretensiones. Finalmente, la ley y el orden terminan restableciéndose y los cabecillas de esas organizaciones privados de la libertad o muertos como consecuencia de su propio accionar delictivo.
Lo ocurrido con el reciente paro armado realizado en varios departamentos del norte del país merece un ejercicio de reflexión por sus características e impacto que tuvo sobre la población, no porque esta apoyara la acción de los violentos, sino por el temor de los diferentes estamentos por la brutalidad de las bandas criminales contra quienes no acataran sus órdenes. De acuerdo con los datos publicados, la Policía ha capturado en tres meses a alrededor de 800 sujetos de la banda del llamado ‘clan Úsuga’ y ha incautado US$125 millones, que equivalen a $375.000 millones, cifras descomunales por su magnitud que permiten financiar -a todo costo- acciones criminales de gran envergadura. Sin embargo y pese a la acción policial medida en esos resultados, hay que preguntarse a qué hora se formó semejante escuadrón de facinerosos sin que el Estado lo impidiera. Sin duda hay que aceptar -con pena- que eso solo fue posible con la complacencia de algunos miembros de esos organismos, incluyendo a la fuerza pública y funcionarios civiles. Desafortunadamente, el gigantesco poder económico de la delincuencia corrompe y permea a la sociedad aquí y en otros países.
Una organización como la enunciada no aparece de la noche a la mañana, sino que se va formando y organizando sus cuadros de delincuencia. Por ejemplo, desde hace tiempo, las empresas mineras legales han denunciado que organizaciones al margen de la ley están utilizando esa actividad para realizar operaciones de lavado del narcotráfico y han expandido su accionar al transporte de carga y pasajeros, incluyendo el mototaxismo, la usura y el contrabando. Se estima que solo la minería ilegal reporta beneficios mensuales por encima de los $10.000 millones. No de otra manera se explica la parálisis de más de 50 municipios en cinco departamentos en sus distintas actividades económicas.
La acción del Estado no solo debe ser contundente para enfrentar el delito organizado, sino que debe haber una gran coordinación entre las distintas entidades para garantizar el éxito y en forma paralela una eficaz labor de acercamiento a las comunidades para que estas confíen y acepten la protección de la autoridad y la defensa de la integridad.
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