El espinoso tema de las comunidades

El Consejo Gremial Nacional le ha enviado un documento al presidente electo, Iván Duque, en el que desnuda una problemática latente en todo el territorio, que de no atenderse, puede llevar al país a un caos sin precedentes. Dice el valioso memorando que ojalá el Presidente saliente, Juan Manuel Santos, le deje a la nueva administración tres proyectos que los empresarios consideran clave como la redefinición del territorio ancestral de los pueblos Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo de la Sierra Nevada. La preocupación de los gremios radica en que las 348 zonas nuevas que propone el decreto comenzarían a aplicar las normas a los pueblos indígenas, y los empresarios cuestionan que “el proyecto de decreto carece de las precisiones cartográficas necesarias para determinarlas”, con lo que se podrían generar conflictos con las comunidades. Igualmente, les preocupa a los empresarios el proyecto para reglamentar el Capítulo IV y las normas ambientales de la Ley 70 de 1993, sobre el uso de la tierra en lo relacionado con los recursos naturales renovables y del ambiente en los territorios de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Situaciones que están en un limbo jurídico que pueden degenerar en conflictos fratricidas.

Y el tercer punto de los gremios tiene que ver con el necesario protocolo sobre la protesta social en Colombia, en el cual los empresarios consideran que es el momento para empezar a tratar el problema, dada la importancia que tiene esta materia. Un asunto que los gremios han tenido en su agenda desde siempre -y que de manera acertada- el nuevo ministro de Defensa, Guillermo Botero, mencionó, generándole una lluvia de críticas políticas; pero de eso se trata, de armonizar los problemas para seguir creciendo como país económico.

El ejecutivo y el legislativo deben salirle al paso a este creciente distanciamiento entre comunidades, gremios y empresarios, pues de seguirse acrecentando esas distancias de convivencia, el país se sumiría en un caos sin igual que nos pondría en permanente conflicto entre el sector productivo con su entorno que son las comunidades, pero que a su vez, estas son conformadas por personas que tienen empleos formales. Hay corrientes de pensamiento político y económico que están hurgando en dicho enfrentamiento social para legitimarse en los poderes que manejan el Estado, y si los actuales actores no toman riendas en el asunto, las cosas pueden empeorar. No se trata de hacer prohibiciones obsoletas e improcedentes, ni mucho menos de desconocer derechos ancestrales o constitucionales de los pueblos, lo que se proponen son reglas claras y la preservación de las instituciones físicas, para construir un mejor futuro en donde se crezca de manera sostenida para bajar la pobreza en sus mínimos, y esa tarea es del sector privado que necesita de un entorno donde prevalezca la seguridad jurídica, se respete la propiedad privada y todas las personas tengan las mismas posibilidades de acceder al bienestar social. Tanto la administración saliente como la entrante deben armonizar sus actuaciones ejecutivas para encaminar al país por un verdadero sendero de crecimiento, sin distingos de regiones y muchos menos de clases sociales, pero eso solo se logra si hay normas e instituciones que velen por todos los intereses de los colombianos.