El Ministerio de Trabajo debe enfrentar el asunto pensional con visión general de toda la población colombiana
Colombia es uno de los países más inequitativos del mundo y esa generalidad no solo se basa en el nivel de pobreza de la población, bajo el viejo argumento de que los pobres son muy pobres y los ricos muy ricos, sino en el acceso a una pensión después de toda una vida de trabajo. Ayer el ministro de Trabajo, Rafael Pardo, le dijo a la Corte Constitucional que según las cifras oficiales existen 1.032 pensiones por encima de los 25 salarios mínimos legales vigentes. Y a renglón seguido explicó que “la probabilidad de que las personas que trabajan obtenga una pensión es muy baja, solo entre 8,7% y 11%”.
El Ministro argumenta que “hay aproximadamente 23 millones de colombianos laborando, de los cuales el 75% integra cobertura de afiliados activos quienes han pagado una cotización en los últimos 6 meses, es decir que solo el 28% está activamente en el sistema pensional (...) Existe una iniquidad y es evidente, mientras más alta la pensión más alto es el subsidio del Estado”. Esta caótica situación hace que la reforma pensional que prepara el Gobierno de Santos sea urgente por el verdadero bienestar de todos los colombianos. Hay una clara iniquidad entre las pensiones que ganan los congresistas y magistrados de las altas cortes y la inmensa mayoría de los trabajadores.
Era lógico que el procurador, Alejandro Ordoñez, saliera a proteger a los congresistas, en particular, pues fueron ellos quienes lo reeligieron. Es cierto que en cualquier caso los derechos deben ser respetados, y que no se puede ni reducir ni afectar las pensiones que ya son reconocidas, pero como entidad de control y vigilancia, la Procuraduría debe dar un concepto más plural, de mayor beneficio para todos los trabajadores. Es más amplia y social la postura del abogado Germán Calderón quien demandó el artículo 17 de la Ley 4 de 1992, que establece un régimen especial de pensiones a los congresistas y magistrados, y que justamente plantea que no hay dinero para indemnizar víctimas, pero sí para pagar pensiones.
El problema de las pensiones es un asunto crónico en Colombia y es un debate de nunca acabar. Esta situación obliga al ministro Pardo a presentar cuanto antes la reforma pensional en el Congreso antes de que el país se polarice más ante el inminente tiempo electoral que se avecina. La reforma que radicará en el Congreso busca atender cuatro puntos fundamentales en el sistema: cobertura, equidad, sostenibilidad fiscal determinable y cuantificable, y que los colombianos sepan cuánto gastar en pensiones.
El país se envejece a pasos agigantados y los problemas del aumento en la expectativa de vida solo se verán en una o dos décadas, tiempo para el cual el Estado colombiano debe estar más que preparado.
