Deuda externa, una herencia escandalosa

El centro de investigación económica, Anif, plantea que los niveles actuales de deuda pública neta, cercanos a 58% del PIB, no se observaban desde finales del siglo XIX, cuando Colombia enfrentó problemas de pago de deuda externa e hiperinflación, situación heredada de la Guerra de los Mil Días, conflicto bélico a caballo entre los siglos XIX y XX y que marcó el destino del país actual. Dice el thinktank que en tres años la deuda podría superar el límite de 71% del PIB lo que pondría en verdaderos aprietos la financiación de los siguientes presupuestos generales de la Nación.

Y es que hay vasos comunicantes (o una suerte de deja vu) entre lo ocurrido durante el post Tratado Thomson-Urrutia, ratificado en 1921-1922, que sentenció por la pérdida de la provincia de Panamá, con los US$25 millones que recibió el gobierno de la época como indemnización, y lo que ha pasado ahora con el tren de endeudamiento del Gobierno Nacional. Los últimos cuatro años, Colombia no aprovechó los buenos precios de las materias primas para vender petróleo a buenos precios, lo que lo sentenció a vivir al déficit y con las posibilidades de haber aprovechado primero el conflicto entre Rusia y Ucrania y ahora la crisis del Estrecho de Ormuz.

Dicho de otra manera, la administración Petro deliberamente despreció los buenos precios del crudo -ideologizando cada decisión- y zanjándose en los ingresos por medio de instrumentos como las reformas tributarias y las emergencias económicas. Tal como sucedió durante las dos primeras décadas del siglo pasado, los gobernantes actuales dejaron pasar unos buenos ingresos para tomar malas decisiones y lo peor de todo apostarle a la deuda y a dejar enganchadas las administraciones posteriores.

Si el manejo del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles ha sido ejemplar durante este Gobierno de turno, la apuesta por la deuda externa ha sido lo contrario, no en vano el informe de Anif insiste en que “la deuda neta del Gobierno Nacional podría superar 71% del PIB en tan solo tres años, un umbral que, de acuerdo con la regla fiscal, se considera incompatible con una senda sostenible para una economía como la colombiana”.

Al próximo Presidente se le va a dejar un duro panorama fiscal: “en las últimas tres décadas, el país ha experimentado una expansión significativa del tamaño del Estado, impulsada en gran medida por la Constitución de 1991 (...) Incluso, el gasto de funcionamiento del Gobierno ha crecido notoriamente por encima del gasto de los hogares en los últimos años.

Sin embargo, este crecimiento no se ha traducido en un desempeño económico excepcional ni en mejoras sustanciales en los indicadores de desigualdad”. El problema que tiene el país -desde el punto de vista central- es la rigidez del gasto público, en particular, entre 2019 y 2026, el gasto en salud, pensiones y transferencias regionales, rubros definidos por mandato constitucional, explicó más de 64% del aumento del gasto de funcionamiento”.

Y lo curioso de la coyuntura electoral es que vuelve y se aplica el viejo adagio popular de que quien no conoce la historia está condenado a repetirla; la economía colombiana está sentada en grandes recursos naturales que pueden sacar a más millones de personas de la pobreza pero los gobiernos son incapaces de saber aprovecharlos, como pasó con Panamá.