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Miguel Gómez Martínez, ministro de Hacienda
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El jefe de la Cartera, Miguel Gómez, defendió la medida y atribuyó los cambios a los desembolsos del gobierno de Gustavo Petro
El Gobierno Nacional solicitó al Congreso este martes aprobar modificaciones al Presupuesto General de la Nación de 2026 por $3,9 billones para atender la crisis financiera del sector eléctrico y financiar la atención y reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto.
Parte de los recursos, según explicó el Ministerio de Hacienda, provendría de la reprogramación de inversiones previstas para la calle 13 y la primera línea del metro de Bogotá.
Durante su intervención ante el Congreso, el jefe de la cartera, Miguel Gómez Martínez, explicó que se reasignarían $750.000 millones vinculados a proyectos de transporte que no se ejecutarían durante 2026. De esa suma, $437.000 millones corresponden a la calle 13 y $313.000 millones al metro.
El funcionario precisó que los cambios afectan exclusivamente el Presupuesto de 2026 y no comprometen las apropiaciones previstas para 2027. También aclaró que la modificación no reduce los recursos asignados a los sistemas de transporte público de otras regiones, pues los proyectos involucrados están localizados en Bogotá.
Luego de la propuesta, surgieron críticas de partidos de oposición, quienes acusaron al Gobierno de querer quitarle los recursos a la capital de la República. El funcionario respondió en sus redes sociales y atribuyó los cambios a los desembolsos del gobierno de Gustavo Petro.
"Les recuerdo a todos los de la oposición, que nos señalan de quitarle recursos a Bogotá, que fue Gustavo Petro quien lo hizo, cuando siendo Presidente firmó el otrosí al convenio de cofinanciación y movió los desembolsos de la Linea 1 del Metro para 2025 y 2027. Petro le quitó a la ciudad esos recursos. Y adivinen! no los ejecutó. Nosotros sí somos responsables con los recursos públicos y les estamos dando buen uso para mitigar la amenaza de apagón en la Costa Caribe", dijo el ministro Gómez.
La reprogramación de las inversiones en infraestructura hace parte de un paquete que contempla destinar $1,2 billones al sector eléctrico. De ese monto, $750.000 millones provendrían de los cambios en los cronogramas de las obras de transporte y los $450.000 millones restantes saldrían del presupuesto del Ministerio de Minas y Energía, donde estaban previstos para el pago de subsidios eléctricos.
El objetivo es proporcionar liquidez a las generadoras térmicas y reducir el riesgo de interrupciones en la cadena de pagos. La preocupación del Gobierno se concentra en Air-e, empresa intervenida por el Estado que presta el servicio de energía en departamentos de la región Caribe.
Según las cifras presentadas por el Gobierno, Air-e acumula una deuda de $6,3 billones, de los cuales $1,7 billones corresponden a obligaciones con las generadoras térmicas. El incumplimiento podría afectar la capacidad de estas compañías para comprar los combustibles necesarios para producir electricidad.
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