“Desodebrechizar” las vías terciarias

Pocas cosas reclaman más los habitantes rurales de Colombia que el arreglo y el mantenimiento de las llamadas vías terciarias, esas carreteras olvidadas que conectan a los municipios con sus veredas o a los pueblos con las grandes ciudades.

Una de las deudas más grandes que tiene el Estado con las áreas rurales del país son las llamadas vías terciarias, unos 150.000 kilómetros de caminos en mal estado que han sido uno de los principales motivos para que las comunidades no le crean a los gobiernos de turno y vayan acumulando resentimiento por el ancestral olvido.

Por fin el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Transporte, ha emprendido un ambicioso programa para mejorar en tres fases unos 12.000 kilómetros con una inversión de $1,5 billones para construir, mejorar, mantener y proteger esta importante infraestructura; en pocas palabras pagar una deuda social que se ha ido acumulando por décadas. Por fin el Estado central ha entendido que metiéndole plata y coordinando programas, al lado de las autoridades locales y regionales, se puede transformar la realidad del país y cortar de tajo uno de los motivos de protesta social. En mejorar las vías terciarias está gran parte de las respuestas para mantener la paz y ayudar a las autoridades más abandonadas en su labor de llevar gobierno donde nunca ha estado.

No se pueden mejorar de una vez todos los 150.000 kilómetros, que son más de 70% de toda la red vial nacional, y que costaría la exorbitante suma de $45 billones, pero si se puede hacer planes estratégicos con los municipios para que las regalías vayan a esas necesidades en un trabajo mancomunado de autoridades, una suerte de acciones que antes nuca se habían ejecutado. El principal reto es quitarle los proyectos de infraestructura rural a los políticos, una tarea bien complicada pues no se puede aislar a los alcaldes y gobernadores de esta tarea y son ellos quienes deben priorizar sus necesidades en los carreteables. Una manera es que se vigile a través de la Contraloría, Procuraduría y Fiscalía, además de las supertintendencias, la ejecución de estos planes que son la verdadera inversión para una paz sostenible y duradera.

Para poder llevar a buen puerto el plan de las vías terciarias se debe tener en cuenta la formulación de los pliegos, la estructuración de las licitaciones; la sostenibilidad de las obras que se entreguen y sobre todo la buena entrega de todos y cada uno de los proyectos para que sean transformadores. Al Gobierno Nacional solo le quedan unos 350 días para redondear una paz lograda y elocuente en términos de ataques y víctimas, y la inversión en estas vías es fundamental para que las mismas autoridades tengan control de las zonas por seguridad y para que los habitantes rurales puedan mover sus productos, acceder a la salud que ofrecen las grandes ciudades y poder seguir viviendo en esas áreas sin tener que abandonar el campo.

Pero el principal reto es “desodebrechizar” todo lo que tiene que ver con la infraestructura, no solo para no caer en los mismos errores del pasado sino para evitar todo tipo de acuerdos mafiosos entre alcaldes y gobernadores con constructores locales. Hay mucho dinero público de por medio y como siempre sucede no tiene dolientes, la tarea está en que las mismas comunidades vigilen sus obras y quienes las realizan.