No hay duda de que el Congreso es el escenario para la discusión de los grandes temas, pero eso se hace no solo legislando
Desde hace varios años el Congreso de la República ha buscado tramitar una ley en la que los congresistas fijen parámetros para el reajuste que se hace del salario mínimo. Incluso se ha llegado a plantear extremos como que sea el Senado el que determine el reajuste si el Gobierno, los empresarios y los trabajadores no logran llegar a un acuerdo. La iniciativa no ha prosperado porque los ministros de Hacienda han estado al tanto para impedir que salga.
Acaba de ser aprobado por el Senado un proyecto que determinaría que el incremento del salario mínimo tenga en cuenta “parámetros específicos” y que el reajuste no pueda estar por debajo de la inflación causada en el año precedente y el Gobierno debe “procurar” que ello se cumpla. “Con este proyecto le vamos a decir al Gobierno que estamos pendientes del incremento del mínimo sin poner en riesgo la seguridad jurídica y económica”, ha dicho el senador Camilo Sánchez, conocedor de temas económicos y uno de los más críticos del Banco de la República, al punto que ha llevado a plantear una reducción del número de miembros del organismo. Tampoco se entiende bien el objetivo de la idea del Senador.
Sobre el tema del porcentaje del alza en el salario mínimo, el país ha venido ganando gran claridad que siempre es tenida en cuenta por las mesas de concertación que negocian el incremento para más de cuatro millones de colombianos. Esa claridad se expresa en que las discusiones y el desacuerdo van más allá de un consenso básico: el aumento no puede ser inferior a la tasa de inflación causada. Y de ahí arranca la discusión sobre la que en la mayoría de los casos se debe zanjar por decreto oficial.
Esa claridad nace no solo de una buena voluntad de los agentes económicos para reconocer el efecto nocivo de la inflación en el ingreso de los más necesitados, sino por la contundencia de los fallos de la Corte Constitucional que lo ha establecido de esa manera al advertir que “…en todo caso el reajuste salarios que decrete nunca podrá ser inferior al porcentaje del IPC del año que expira (…) el Gobierno está obligado a velar porque el salario mantenga su poder adquisitivo, de tal forma que garantice el mínimo vital y móvil a los trabajadores y a quienes de ellos dependen”.
No es claro el porqué el Congreso pretende legislar sobre el asunto y menos pedirle al Gobierno que “procure” que se cumpla el precepto, cuando el máximo tribunal lo establace como una obligación del ejecutivo. El Congreso debe ser el escenario para la discusión de los grandes temas nacionales y este es sin duda uno de ellos. Pero una cosa es esa tarea y otra muy distinta buscar legislar sin un objetivo claro que solo llevarían a enredar los asuntos sensibles o movidos por intereses políticos que no necesariamente están en concordancia con el interés general.
