jueves, 19 de noviembre de 2020

Los mismos congresistas que están ampliando el cupo de endeudamiento del Gobierno tendrán que estudiar a renglón seguido otra reforma tributaria, pues no hay otra manera de pagar

EditorialLR

Por estos días no hay mucho debate real en un Congreso virtual y las iniciativas pasan como si nada sucediera en una suerte de trámites ordinarios.

Así fue aprobado en la Cámara de Representantes y la Comisión Tercera del Senado el Proyecto de ley 348 que busca la ampliación del cupo de endeudamiento en US$14.000 millones (cerca de $51 billones), monto que le permitirá al Gobierno continuar con la diversificación de las fuentes de financiación de la crisis derivada de la pandemia. Con este dinero también se financiarán las apropiaciones presupuestales de los próximo tres años. No hay otro camino para que este Gobierno y el venidero honren sus compromisos de inversión y unos mínimos de funcionamiento, pues literalmente la “olla está raspada”.

En su justificación de motivos, el Ministerio de Hacienda argumenta que el cupo de endeudamiento es prudente y suficiente para disminuir el riesgo de refinanciación frente a posibles cierres de mercado y/o aumento de las tasas de interés, dada la alta volatilidad observada en lo corrido del año, producto de la coyuntura internacional actual. La iniciativa también amplía en US$3.000 millones el cupo de endeudamiento para garantías de la Nación en préstamos que busquen las entidades públicas.

Todo un arsenal de acciones que asegura recursos adicionales con los que se esperan mejorar condiciones económicas para hacer una emisión de bonos, justo cuando todos los gobiernos emergentes tienen esa jugada en su agenda financiera. Al Gobierno le empieza a preocupar el acceso a financiación después del primer trimestre del próximo año, pues las condiciones de los mercados y la nota de las calificadoras de riesgo pueden empeorar muy a pesar de que en el Marco Fiscal de Mediano Plazo se traza una hoja de ruta, pero se contempla US$6.500 millones de fuentes externas y amortizaciones por US$3.800 millones, toda una carga compleja en condiciones críticas. De los US$14.000 millones de ampliación de cupo que se piden, US$7.000 millones están contemplados en el Marco Fiscal y US$7.000 millones más para imprevistos.

Cabe resaltar que de las autorizaciones pasadas por US$13.000 millones, otorgadas hace cinco años, con corte al 30 de junio de 2020, el Gobierno mantiene un saldo disponible por US$2.694 millones, monto que será suficiente hasta marzo de 2021, según el Ministerio de Hacienda. Actualmente, la deuda externa total está en US$150.505 millones, es decir 53,6% del PIB, pero ascenderá a más de 60% en menos de seis meses, lo que pondrá al país en la gran encrucijada de apurar una nueva reforma tributaria para pagar esas obligaciones disparadas durante esta larga pandemia que ha deprimido la economía hasta saldos en rojo que nunca había registrado en toda su historia. Vale la pena recordar, ante la fiebre de endeudamiento, el adagio popular que “en la economía no hay tal cosa como un almuerzo gratis”, acuñado por Milton Friedman para demostrar que los subsidios públicos no eran gratuitos, sino que alguien tenía que pagarlos con impuestos.

Toda deuda pública debe ser pagada por los contribuyentes en algún momento, quienes a su vez son los que toman la decisión de crecer las deudas, claro está, a través del Ministerio de Hacienda y el Congreso, pues al fin y al cabo son los votantes quienes los ponen en sus cargos. No se puede perder de vista que en Latinoamérica no hay fondos a pérdida y que aquí las deudas deben pagarlas los contribuyentes.

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