Cuando los impuestos rajan la libertad

Adam Smith, el padre de la economía moderna, suele ser citado en los debates económicos cuando se quiere ir a la raíz de los temas sociales, pero aún más cuando se trata de edificar sobre sus principios tributarios, que datan de los albores de esa ciencia. La justicia y la equidad son los principales ejes de la tributación, pues cada ciudadano debe contribuir al gasto público de un país en proporción a su capacidad de pago. El segundo pilar es la certeza, correspondiente a la forma y la cuantía del tributo: aspectos como el momento y el monto deben ser claros, y no pueden romperse los compromisos cambiando las reglas de juego de manera permanente; en términos modernos, hacer trizas la planificación tributaria de las personas y las empresas. El tercer principio es el de la conveniencia, que tiene que ver con la facilidad para tributar, sincronizada con los cierres fiscales de las economías. Y el cuarto pilar es el de economía, que apunta a unos costos mínimos tanto para el Estado que recauda como para el contribuyente que paga.

Pero más allá de estos cuatro pilares, de los cuales se derivan los sistemas tributarios de los distintos países, está el llamado “Estado alcabalero”: aquel que se pasa por la faja los mínimos acuerdos tributarios y ve en los contribuyentes -empresas y empleados- un cajero electrónico al que exprime sin conciencia y sin el mínimo deber de consignar. El nobel de Economía Milton Friedman planteaba que “tenemos un sistema que cobra cada vez más impuestos al trabajo y subsidia el no trabajar”.

No puede suceder que, cuando se agotan los recursos públicos, se manejan mal o hay errores en la ejecución o en el recaudo, se recurra a la presión fiscal mediante figuras como reformas tributarias sucesivas o emergencias económicas. Y cuando se pone sobre la mesa de la tributación la más polémica de todas las contribuciones -el impuesto al patrimonio- aparece en escena un golpe directo a la libertad de todo individuo de tener propiedad privada, soñar con bienes materiales, hacer empresa o desarrollar una región a través de la economía de mercado.

El impuesto al patrimonio tiene consecuencias negativas, como el golpe al ahorro, a la inversión y a la acumulación de riqueza, que es uno de los objetivos fundamentales de invertir en un país. La estampida de capitales de una región como América Latina tiene que ver con la persecución a las empresas, a la inversión y al simple ahorro, ya sea personal o empresarial.

Hay muchas nociones de libertad, todas respetables bajo el precepto de los deberes y los derechos de las personas, pero ser libre es poder trabajar en un mercado que permita reducir precariedades, comprar una casa, formar una familia, apostarle a la educación, crear empresas y crecer en todos los aspectos. Los Estados alcabaleros coartan la libertad de los individuos al impedirles el desarrollo material.

¿Para qué trabajar con disciplina y tesón si el mismo Estado se encarga de castigar, con impuestos desmesurados? Se está cayendo en un escenario que desincentiva al ahorrador, a la inversión y al emprendedor que tiene éxito; un castigo tributario que es el auténtico disparador de la diáspora juvenil y empresarial que se viene experimentando desde hace cuatro o cinco años. Claro que hay que pagar impuestos de manera razonable, pero basados en tesis de Smith sobre planificación, racionalidad y oportunidad.

No se puede ahogar más con impuestos al patrimonio, lo que es fruto de la mala ejecución, desorden y poca efectividad de las políticas públicas.