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Si algo amerita revisión urgente son los onerosos fondos parafiscales que solo benefician a muy pocos en el campo.
Los llamados fondos parafiscales se nutren de unos impuestos silenciosos que pagan los productores agropecuarios y los cultivadores y cuyo recaudo asciende a $2 billones al año. Hay 14 funcionando en nuestro país: café, ganado, cerdos, cereales, frutas, cacao, caucho, palma, arroz, aves, panela, algodón, azúcar y hasta tabaco. Algunos son grandes como el Fondo Nacional del Café que maneja más de $10.000 millones, el Fondo Nacional del Ganado más de $76.000 millones y el Fondo de Fomento Palmero que recoge unos $30.000 millones anuales, y también coexisten unos muy pequeños como el Fondo de Fomento Cauchero que no llega a los $1.000 millones anuales o el Fondo de Fomento Algodonero que no superan los $900 millones.
Como todo en la institucionalidad colombiana el asunto crucial y polémico no es la filosofía con que fueron creados sino cómo se han ido pervirtiendo y el dinero que manejan se va en gastos administrativos, viajes y politiquería más que en el verdadero fomento e investigación agropecuaria. La Contraloría General de la República acaba de entregar un informe muy completo sobre la parafiscalidad colombiana representada en estos 14 fondos y el diagnóstico no es igual para todos. Hay unos que funcionan muy bien como el Fondo Nacional de Café y otros muy politizados como el Fondo Nacional del Ganado al cual se le ha hecho un seguimiento muy detallado desde el mismo Ministerio de Agricultura por la destinación de los dineros públicos.
Creemos que el informe de la contralora Sandra Morelli se queda corto en su análisis sobre la destinación de los recursos y sobre todo en el énfasis que pagan todos por pocos pecadores. Incluso al interior del gremio ganadero, por ejemplo, están divididos los productores (menos de un 12% están en el gremio que administra ese dinero público), hay quienes están de acuerdo en que se divida la parafiscalidad de la carne y la leche, y más aún, cooperativas súper exitosas en el mercado como Colanta, no están de acuerdo con el manejo administrativo que se le ha dado a este millonario fondo. Compartimos con la Contraloría que los fondos deben tener administradores calificados, indicadores específicos, control administrativo, recursos para pequeños productores y cultivadores, estatuto tributario, personería jurídica, mayor control y nuevas políticas encaminadas a la competitividad.
El sector agropecuario colombiano debe caminar hacia la competitividad global, pero para ello debe haber una conciencia interna de que las cosas deben cambiar hacia la esfera tecnológica e innovadora, no solo hacer lobby y politiquería.
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