Con el ejemplo se defienden instituciones

En un país como el nuestro, en el que los indicadores de corrupción y violencia no lo dejan bien calificado, como lo acaba de confirmar el informe de Transparencia Internacional sobre malas prácticas, no se puede seguir dándo el lujo de que los ciudadanos sigan perdiendo la confianza en sus principales instituciones porque ese comportamiento es un abono ideal para que siga manteniéndose y profundizándose el deterioro social en distintos frentes, que arranca por justificar acciones prohibidas como si el marco de los comportamientos fuera otro.

Lo que está ocurriendo es muy grave y riesgoso. Sin entrar a juzgar el cumplimiento de las normas, asunto que corresponde a tribunales competentes para ello, merece una reflexión seria de los estamentos y de la misma dirigencia, si el organismo que responde por la defensa de los derechos ciudadanos está cuestionado por las denuncias conocidas; si el principal instrumento de la seguridad ciudadana está en el centro de sospechas por corrupción y violación de los derechos individuales; si algunos de los magistrados del máximo tribunal constitucional que debe impartir justicia no la aplican a sus propios integrantes; si hay casos en los que uno o varios de los altos funcionarios del Estado utilizan estrategias poco ortodoxas para quedarse con contratos públicos; si el órgano legislativo está sometido a críticas frecuentes de la opinión pública por su poco trabajo y compromiso o hay sospechas de que los recursos de los impuestos se entregan con criterio más político que técnico, se necesitan acciones urgentes que van más allá de la expedición de leyes o normas.

Los problemas están ligados a quienes tienen la responsabilidad del correcto manejo de las instituciones que representan y que no constituyen feudos políticos y menos se pueden asimilar a una propiedad privada, como muchos de los protagonistas llegan a considerarlas por el simple hecho de haber sido seleccionados con el respaldo de una organización partidista.

Los mecanismos y procedimientos de selección de los funcionarios de primer nivel y que responden por una política social y de Estado deben ir más allá de la mera consideración de las hojas de vida y títulos académicos, importantes sí, pero no suficientes. Su comportamiento y recorrido como ciudadanos debe tener una relevante ponderación al momento de la selección, como ocurre en otros países, en las que el postulado está sujeto a la verificación de esas cualidades a través de una gran difusión de su nombre y evaluación detallada. Con esos elementos claros es evidente la responsabilidad legal y ética de quienes toman la decisión de darle el encargo. Solo así se garantiza al máximo el blindaje de las instituciones. La responsabilidad es de toda la sociedad, así el grado se reparta y las acciones deben ser contundentes para atajar a quienes buscan “colarse” y poner por encima sus apetencias personales sobre el interés colectivo.