Colombia, un millennial con mala pensión

Hoy se cumplen 58 días desde que el Gobierno del presidente Iván Duque se posesionó y aunque la agenda económica ha estado copada de los titulares de la ahora llamada ley de financiamiento, no se puede olvidar la urgencia con la que el país necesita tramitar una reforma pensional, de la que de paso tanto se habló durante la campaña electoral. Las cifras sintetizan la urgencia con la que se debe desarmar la llamada bomba pensional, que amenaza con estallar no solo en Colombia sino en toda América Latina. La Organización Internacional del Trabajo (OIT), en medio de su reunión regional americana que se realiza por estos días en Panamá, reveló que Colombia está entre los peores países de la región cuando se mide la cantidad de adultos mayores de 65 años que no reciben ni un salario ni una pensión. Si se tienen en cuenta los principales países de Latinoamérica, Colombia es tercero con la cifra más alta. En total, el porcentaje local es de 49,8%, superado por Paraguay y México donde los datos son de 56,5% y 55,3%, respectivamente. Estos tres países están muy por encima del promedio regional, que está en 33,6%.

Las alarmas no solo deben prenderse por esta fotografía, sino por lo que el país tendrá que enfrentar en los próximos años. Colombia es una economía de millennials que se está envejeciendo, tal como lo revelan las cifras preliminares del censo que ya entregó el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), y que encontró que el colombiano medio pasó de tener 22 años en 2005 a tener 30 años en el último censo. Además, si se toman a los adultos mayores y se expresan como una proporción de los jóvenes de cero a 15 años, el indicador muestra que hoy tenemos 40 adultos mayores por cada 100 jóvenes, mientras que en el censo de hace 13 años solo había 20 por cada 100. Es decir, si el presente es preocupante, el futuro que nos espera es desalentador si no se toman las medidas a tiempo. El Gobierno no puede cometer el error de la administración pasada, que en medio de tributarias y la negociación del acuerdo de paz, aplazó la discusión de reformar este sistema. En la discusión no puede haber miedo a debatir la posibilidad de aumentar la edad de pensión, tal como ha sucedido en otras partes del mundo, pues es innegable que, con los avances de la medicina, la gente trabaja más años. Según el informe, la tasa de ocupación para las personas con 60 y más años alcanza 35,4% en la región, un dato que crece cuando se miran los grupos que ya traspasaron la edad legal de jubilación: 39,3% en el grupo de 65 a 69 años y 20,4% en el de 70 y más años. La informalidad, especialmente en el agro, tal como lo resalta la Cepal, es otro mal que se debe atacar, si se quiere darle una pensión decente a los jubilados.

Hacen bien los organismos multilaterales en emitir voces de prevención, más si se tiene en cuenta que más de la mitad de los trabajadores de América Latina no cotiza en seguridad social, y que en solo 30 años la proporción de jóvenes de 15 a 19 años va a ser menor que la proporción de adultos mayores. Es decir, un proceso de envejecimiento regional que, además, puede dejar un gran hueco fiscal. El Gobierno debe tramitar cuanto antes una reforma pensional. Una visión cortoplacista sobre la impopularidad de hacerlo en los próximos cuatro años, es menos importante que darle a las próximas generaciones una solución de Estado.